El dragoneante Miguel Ángel Muñoz acababa de salir de turno cuando a las 6:29 de la mañana del pasado 3 de octubre fue baleado al frente de la cárcel La Modelo, de Bogotá, por un hombre a bordo de una moto que también arremetió contra otros dos funcionarios que quedaron heridos.Su asesinato fue el primero de cuatro que se han registrado en las últimas dos semanas en contra del personal del Inpec, hechos que han sido considerados como un nuevo plan pistola que tiene en alerta al sistema carcelario. Y es que entre el 3 y 7 de octubre, en Bogotá, Cali y Palmira también mataron a los guardias Manuel Becerra y Jimmy Flores, y al médico Julián Campos.La reacción de familiares, directivos y sindicatos del Inpec no se hizo esperar. El 8 de octubre todos se unieron a una jornada de luto en la que pidieron que lo sucedido no quede en la impunidad, llamado al que también se unió el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.Los funcionarios del Inpec han sido atacados en varias partes de Colombia en las últimas semanas. Foto:EL TIEMPO / Redes sociales“Los violentos deben saber que el Estado responderá, en el marco institucional, con mucha firmeza para que este hecho no se quede en la impunidad y para evitar que en el futuro estos actos se sigan repitiendo”, subrayó el Ministro.El lamentable saldo en lo que va de 2025 es de ocho funcionarios asesinados, cifra que se asemeja a los 10 del año pasado. Desde entonces, el caso más sonado ha sido el del director de La Modelo Élmer Fernández, a quien sicarios le dispararon cuando se movilizaba en un carro por la localidad Barrios Unidos el 16 de mayo.Atentado Inpec La Modelo Foto:Milton Díaz / EL TIEMPOPara las autoridades, la reciente oleada se debe a un ataque sistemático, en el que la violencia ya no se mide en incidentes aislados. La cadena de atentados, homicidios y amenazas revelan una ofensiva planeada, en algunos de los casos, desde los propios penales. Una de las hipótesis más fuerte apunta a los tentáculos que tiene el grupo ilegal ‘Mago’ (Muerte a Guardianes Opresores), el cual tiene nexos con Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá y principal cabecilla de ‘la Inmaculada’.Su mención en ‘Mago’, considerada ya una estrcutura multicrimen, no deja de ser llamativa porque mientras lo vinculan a este tipo de situaciones, busca volver a La Picota para retomar los gestos de paz a los que dice estar comprometido con el gobierno Petro, a través de la senadora María Isabel Zuleta.La celda de alias Pipe en La Picota y su facilidad para seguir ejecutando crímenes desde prisión. Foto:SuministradaLa situación es tan crítica que llevó al Inpec a restringir hasta nuevo aviso las visitas en las cárceles de Bogotá y el Valle del Cauca, y a anunciar que promoverá el porte de armas voluntario entre su personal.Fuentes de la Fiscalía y de inteligencia le explicaron a este diario que en los ataques sicariales de los últimos años se ve de todo, pero que principalmente se dan por retaliaciones debido a los controles que se hacen en celdas, y por la corrupción de la que no son ajenos algunos guardias. De hecho, se tiene documentado que hay casos en los que los crímenes no tienen que ver con las funciones que las víctimas cumplían en el Inpec. Para Óscar Robayo, líder sindical de UTP, “esta masacre sistemática se está generando debido a los controles que se han tomado en las cárceles. Es una especie de represalia”. Según Maycol Mahecha, dirigente del sindicato Seup, la delicada situación debe llevar a una revisión de lo que ha hecho el Gobierno para proteger a la guardia. A su juicio, las medidas adoptadas han sido “insuficientes e ineficaces. No ocurre nada más allá de manifestaciones públicas”.Desde 2018 a la fecha, la Fiscalía ha contabilizado 72 homicidios en contra de personal del Inpec, y ha identificado que el Valle del Cauca es la zona más violenta, seguido de Antioquia y Norte de Santander. En la lista de departamentos que se ‘rajan’ en seguridad para los guardias aparecen también Cauca, Boyacá, Bolívar, Huila, Caldas y Santander.Las nuevas pistas tras atentado director regional Inpec en Cali. Foto:CortesíaLas pesquisas contra ‘Mago’Los investigadores están concentrados en establecer quiénes son las cabezas detrás del grupo delincuencial Mago. Lo que han encontrado es que si bien ‘Pipe Tuluá’ sería uno de sus articuladores, no incide en los crímenes que se presentan en todo el territorio nacional.“Son una especie de franquicia en distintas regiones en las que estarían ‘la Inmaculada’, el ‘clan del Golfo’, el ‘Tren de Aragua’, los ‘Pachenca’ y la ‘Oficina’”, le dijo una fuente a este medio. Para individualizarlos hay curtidos fiscales anticorrupción y de la delegada para la Seguridad Territorial concentrados en reforzar actos urgentes, afinar técnicas de investigación y analizar los contextos de cada centro penitenciario.El análisis les ha permitido a los agentes documentar algo que se ha vuelto paisaje: que la corrupción está en las entrañas de las prisiones con nóminas paralelas que reciben algunos guardianes y con amenazas a quienes no les hagan caso a las ‘plumas’ o capos de cada patio. En un caso documentado por las autoridades judiciales se encontró que en Cartagena, un grupo de guardias falsificaron una orden de traslado y lograron que el interno les pagara por frenar el operativo. En los casos de menor impacto un traslado no pasa de los 200.000 pesos, pero cuando se trata de vender un cambio de cárcel de un capo se puede llegar hasta los 80 millones de pesos. Inpec. Foto:Archivo particularEl debate sobre el funcionamiento del InpecDe fondo está un debate que siempre ha salido a flote en este tipo de escenarios: la posibilidad de que se le dé otro manejo al Inpec con planes que han ido desde pasarle el control de la Policía hasta eliminarlo.En diálogo con EL TIEMPO, distintos generales (r) hicieron un diagnóstico que es unánime: la institución está desbordada y requiere una transformación. El general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía, fue contundente al señalar que “la reestructuración del Inpec requiere una intervención en un mediano plazo, pero no sería efectivo hacerlo ahora”. Para él, el cambio debe ir acompañado de centros carcelarios modernos que garanticen una verdadera resocialización, y plantea que “el Inpec debe transformarse para dar paso a una institución que lleve a la privatización del sistema y no tenga la posibilidad de conformar sindicatos.En la misma línea, el general (r) Fernando Murillo, exdirector de la Dijín, cree que el actual modelo está agotado y que “la recomendación es que el Inpec se acabe” para pasar a privatizar el sistema. Mientras que el general (r) José Ramírez, exdirector de la Jefatura Nacional de Servicio de Policía, advierte que “los 92 sindicatos existentes en el Inpec dificultan la gestión de su director y el desarrollo de sus procesos”. Reconoció el esfuerzo de los funcionarios, pero señala que “el sistema los hace sentir desprotegidos y víctimas de amenazas y atentados”.Sicarios Inpec Foto:Captura de pantalla a Noticias CaracolLos tres oficiales (r) no ven viable la idea de pasar la custodia de presos a la Policía, ya que no hay recursos para ello y desnaturalizaría su misión constitucional. “La Policía hoy no podría atender las funciones del Inpec por falta de pie de fuerza”, explicó Ramírez, recordando que ya tiene 2.500 policías cuidando detenidos en estaciones.Por su parte, el general (r) Eliécer Camacho, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue enfático al afirmar que “ha sido muy difícil los últimos días para el Inpec, han asesinado a miembros de este cuerpo carcelario tan importante para el país”. Pero reconoció que el problema también viene de adentro: “es muy difícil de manejar más aún con la cantidad de sindicatos que hoy tiene en su estructura”. Camacho asegura que dentro del instituto “ya se volvió la cultura del no, no puedo, no hago, porque tienen la protección sindical”, lo que impide un verdadero mando jerárquico. Por eso, propone “restructurar e incluso liquidar económicamente a quienes están allí para crear una nueva institución con características especiales” y advierte que “no se le deberían asignar más funciones de esta categoría a la Policía”, sino emprender un cambio real en la estructura del sistema carcelario.Esto se sabe. Foto:Redes sociales.Las amenazas y los atentadosEn lo que va del año, el Inpec ha contabilizado 275 amenazas en contra de sus trabajadores. Algunas dentro de las cárceles, otras en panfletos y las demás a través de celulares. El año pasado hubo 414 y en 2023 se registraron 238.Por otro lado están los atentados. Guardias como Juan Palacio Figueroa, en Cartagena, han logrado salir ilesos pese a los disparos recibidos. Este dragoneante fue víctima esta semana de un ataque armado en el barrio Simón Bolívar, cuando se dirigía a su casa tras cumplir su turno en la cárcel de Ternera. En un video quedó registrado cómo el sicario se bajó de la moto para perseguir al guardia hasta alcanzarlo y dispararle. Tras ser auxiliado, Palacio fue trasladado a un centro asistencial y permanece en la UCI con pronóstico reservado.En Armenia la víctima fue atacada hace ocho días otro dragoneante cerca de la cárcel de mujeres, cuando se movilizaba en su carro. El caso es similar en Antioquia, donde las autoridades investigan el atentado contra otro dragoneante que fue emboscado por sicarios en moto cuando regresaba a Medellín tras cumplir su turno en la cárcel Bellavista. Dispararon en varias ocasiones, pero el funcionario logró salir ileso al esquivar los proyectiles entre los otros vehículos.Redacciones Justicia y Nación – @ELTIEMPO