La zozobra se apodera de Bogotá, la capital del exilio venezolano

Una estampa de José Gregorio Hernández, el médico canonizado como el primer santo venezolano, acompañó al consultor político Luis Peche en estos días difíciles en la clínica Reina Sofía de Bogotá. Allí se recuperó de las heridas de las balas de los tres sicarios que los atacaron a él y al activista Yendri Velásquez, todavía convaleciente. El atentado del lunes contra los dos exiliados venezolanos, tiroteados a la salida de su vivienda en el norte de la capital colombiana, amenaza con convertirse en un punto de quiebre para los perseguidos políticos por el régimen de Nicolás Maduro que buscan refugio en el país vecino. Un antes y un después con respecto a su percepción de seguridad. Los opositores del chavismo ya no se sienten a salvo ni siquiera a muchos kilómetros de distancia. “La represión trasnacional es una realidad”, dice Peche en un video publicado este fin de semana en sus redes sociales. “Confío en las instituciones de un país con Estado de derecho, Colombia, mi segunda nacionalidad, para que traigan a la justicia a los responsables y se logre esclarecer este hecho”, concluye su mensaje.Dos días después del atentado, el miércoles, la asistente de Ana Karina García, presidenta de la Fundación Juntos Se puede, que apoya a los migrantes, refugiados y retornados, fue asaltada e intimidada a dos cuadras de su casa por dos hombres venezolanos que se llevaron su celular. García, una reconocida activista y defensora de derechos humanos, también denunció que una camioneta con placas de la República Bolivariana ha estado vigilando tanto la fundación como su propia vivienda. Esos ataques son una muestra del estado de indefensión que denuncian desde hace tiempo los migrantes y han encendido todas las alarmas. El miedo cunde.Yendri Velásquez y Luis Peche.RR SSColombia es por mucho el principal destino de una diáspora de ocho millones de venezolanos que ha huido en los últimos años de la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas o la inseguridad. De ellos, casi tres millones se han asentado de este lado de una frontera porosa. Bogotá es también, en muchos sentidos, la capital del exilio venezolano. A más de 500 kilómetros de la línea limítrofe, acoge a cerca de 600.000, un 20% del total en el país, de acuerdo con las cifras de Migración Colombia, aunque muchos expertos advierten que esos números se quedan cortos.A ese flujo se ha sumado el de aquellos que escaparon de la represión después de las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024. De periodistas a testigos electorales, pasando por dirigentes políticos, líderes estudiantiles o defensores de derechos humanos. Maduro se proclamó ganador de esos comicios sin mostrar ninguna evidencia de ese resultado, mientras que la oposición demostró, con copias de actas en la mano, que Edmundo González se impuso ampliamente en las urnas. La Alcaldía de Bogotá ha identificado a unas 500 personas como perseguidos políticos que se han afincado desde entonces en la capital. Abundan las denuncias de que en las concentraciones de los exiliados se presentan personas sospechosas que toman fotos, vehículos que los siguen –a menudo con matrículas venezolanas– o llamadas de extorsión.“En Bogotá recibimos, acompañamos y respaldamos a quienes, huyendo de la persecución política, han llegado a Colombia con el fin de salvaguardar su integridad, conservar su libertad y mantener sus liderazgos”, ha declarado el alcalde, Carlos Fernando Galán. En más de una ocasión, se ha distanciado de las ideas de Gustavo Petro con respecto a Venezuela. Después de un fallido intento de mediación, el presidente nunca reconoció los resultados de las elecciones venezolanas, pero mantuvo las relaciones y la diplomacia colombiana es muy criticada por no condenar con contundencia al heredero de Hugo Chávez. Las políticas de acogida han perdido impulso bajo su Gobierno, los procesos de solicitudes de asilo se han estancado y algunos expertos advierten un aumento en la presencia de cuerpos de inteligencia venezolana. “Pensábamos que aquí estábamos seguros”, se lamenta en declaraciones a este periódico Angélica Ángel, una líder universitaria de Mérida que huyó a Bogotá después de las protestas poselectorales. Esa percepción se desmorona. El atentado los sacudió. “Es revivir muchas cosas. Sentir que todo está pasando otra vez. No poder salir a un parque. Caminar mirando para atrás. Esperar el mensaje. Reportarse cada hora”, apunta. “Hoy todos los perseguidos políticos venezolanos estamos en riesgo en Colombia”, valora Gaby Arellano, quien fue diputada opositora por el fronterizo estado Táchira antes de refugiarse, hace ya varios años, en la capital colombiana.Bogotá poco a poco, por su estructura social, por ser la principal ciudad receptora de desplazamiento interno, por unas características y unas oportunidades en economías informales bastante particulares, favoreció que la población venezolana pudiera asentarse, explica Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario: “Sería muy triste que la violencia rompiera ese proceso de integración”. El atentado, agrega, es la estocada final a un sentimiento de zozobra que ya había empezado con las elecciones. “El fraude electoral sí generó un aumento en las acciones de represión del régimen venezolano, y esas dinámicas no se quedaron únicamente de ese lado de la frontera”.La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos urgió este jueves a las autoridades a fortalecer la protección para Yendri Velásquez y Luis Peche, además de “realizar una investigación pronta, exhaustiva y eficaz”. En su pronunciamiento, recordó que Velásquez, defensor de derechos LGBTIQ+, fue víctima de detención arbitraria en Venezuela en 2024, cuando se dirigía a Ginebra, Suiza, para intervenir ante el Comité de la ONU contra la Discriminación Racial. Un caso documentado por la oficina en Venezuela y mencionado en varios informes de Naciones Unidas. “El grave atentado del lunes es un llamado de alerta para que el Estado colombiano fortalezca todos los mecanismos de protección para garantizar la vida, la libertad, la integridad y la labor de las personas defensoras de derechos humanos originarias de otros países y de quienes están forzados a huir de sus países”, apunta el comunicado. El ataque sicarial entra dentro de los patrones de violencia transnacional contra personas defensoras víctimas de persecución política por parte de redes vinculadas al Estado venezolano, señala un informe de las organizaciones agrupadas bajo la sombrilla DDHH de Venezuela en movimiento. Los ecos no han tardado. María Corina Machado, la líder de la oposición que acaba de ser reconocida con el Premio Nobel de la Paz, calificó de “gravísimo” el atentado y subrayó que las víctimas fueron dos personas “perseguidas por la dictadura de Nicolás Maduro”. Lo ocurrido en Colombia “es una escalada inédita y lo estamos viendo en varios países”, añadió al aludir también ella al antecedente del exmilitar disidente Ronald Ojeda, asesinado en Chile el año pasado. Investigadores del país austral concluyeron que fue un crimen político, orquestado desde Venezuela y presuntamente ejecutado por el Tren de Aragua.El propio presidente chileno, Gabriel Boric, también se refirió esta semana al crimen de Ojeda. “Las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente”, dijo en un seminario en Roma. “Sin ir más lejos, en Chile tenemos el caso del asesinato de un exmilitar venezolano, en donde uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro, que se robara las elecciones en su patria”. Los ataques de Bogotá han sembrado el pánico en la diáspora.