En el paquete de decretos expedidos en el marco de la conmoción interior en el Catatumbo, tras la escalada violenta de los enfrentamientos entre el Eln y el frente 33 de las disidencias, pasó de agache un polémico artículo que le daba vía libre al Gobierno para adjudicar tierras con coca, bajo el compromiso de los nuevos titulares de sustituir, so pena de perder el predio.Se trata del decreto 180 de 2025, título II, artículo 14 (página 17), en el que se fijan las medidas extraordinarias para la sustitución. La erradicación de cultivos, según el último reporte de Mindefensa, Foto:Jaiver Nieto. EL TIEMPO”En el proceso de estabilización social, económica y productiva de las comunidades afectadas por los impactos derivados de la grave perturbación del orden público, la Agencia Nacional de Tierras adelantará, de forma prioritaria, los procesos de formalización de propiedad privada y adjudicación de bienes baldíos de la Nación, incluso en áreas afectadas por cultivos de uso ilícito”, dice la norma.Explica que, en el caso de la adjudicación de las tierras con coca, el reconocimiento de los derechos de propiedad en estas áreas estará sometido a la “obligación de sustituir los cultivos de uso ilícito.Para ello, se establecerá un plan de sustitución que será verificado por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos”. Así, la Agencia de Desarrollo Rural, bajo la batuta de Gloria Miranda, intervendría de forma directa los predios para “definir las actividades productivas agropecuarias y las actividades sustitutivas, y dispondrá de insumos para el inicio de los ciclos productivos”, agrega.La titulación está acompañada de otras gabelas como el pago por sustituir, un pacto con el que los campesinos podrían recibir algo más de un millón doscientos mil pesos mensuales si arrancaban las matas de coca de sus fincas. Decreto 180, para la adjudicación de predios con coca Foto:ArchivoEL TIEMPO conoció por fuentes de la ANT que, ocho meses después de expedido el decreto, se han titulado al rededor de 200 predios ‘contaminados’. Así mismo, que están en evaluación de los compromisos de sustitución.La polémica, sin embargo, radica en la presunta violación del artículo 375 del Código Penal —que prohíbe el cultivo y expendio de sustancias ilícitas—, además de la derogación, tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, del decreto y de las resoluciones promulgados, respectivamente, para implementar la política de drogas en la región. Esto dejaría su aplicación sin piso jurídico. “El problema es que no se puede entregar tierra si el bien no está saneado. Cuando se habla de sustitución, debe existir aceptación de la población para erradicar. Pero, reitero, en materia de sustitución, no se puede titular cuando los predios tienen hoja ilícita”, le dijo a este diario la exministra Ángela María Buitrago. Las razones del tribunal responden a que el problema de los cultivos ilícitos en el Catatumbo, el mayor enclave del país con más de 43.000 hectáreas, no responde a un hecho sobreviniente que valide el uso de la medida de excepción, razón por la que también derogó parcialmente el decreto madre de la declaratoria. “Justificar la expedición del decreto en la necesidad de implementar, de forma urgente y prioritaria, medidas extraordinarias tendientes a impulsar la sustitución de cultivos de uso ilícito en todos los municipios de la región del Catatumbo, desconoce que el problema de los cultivos de uso ilícito es histórico y estructural y, por lo tanto, no puede ser atendido a partir de medidas extraordinarias”, dijo la Corte. Reforma a la Salud: debate estancado. Foto:Otro vacío que abre esta directriz está en el conteo de las hectáreas sustituidas. Aunque el presidente Gustavo Petro habló de 25.000, según la verificación realizada por la Unidad de Datos de EL TIEMPO, esa cifra incluye las que aún están en proceso, entre ellas 10.115 que hacen parte del programa desde 2016.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia