La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, respaldó la decisión de la Corte Constitucional que le ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse por llamar ‘muñecas de la mafia’ a periodistas colombianas durante la posesión de la defensora Iris Marín.En el evento, el jefe de Estado dijo “esos jóvenes fueron llevados a las cárceles por miles, los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por tres lo hicieron en Colombia hace tres años. ¡Hipócritas! Ven dictadores afuera pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro. Bueno los jóvenes que protestan allá, pero malo los jóvenes que protestan acá, las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta! “.Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto:PresidenciaEn la decisión, con ponencia de la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, el alto tribunal revocó los fallos del Consejo de Estado que habían negado las tutelas presentadas por Germán Calderón España y por las periodistas afectadas, y en su lugar ordenó al presidente retractarse públicamente y ofrecer disculpas por las afirmaciones realizadas en su discurso.”Ordenar al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego que, en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, tanto en el video contentivo de su alocución como en su transcripción consigne una nota aclaratoria en la que conste que las manifestaciones que asocian a las periodistas con muñecas de la mafia y las señala como responsables de haber construido la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar no fueron adecuadas, en los términos de esta sentencia”, dice.Iris Marín. Foto:Archivo.Tras conocerse la decisión, la Defensoría señaló que “la decisión de la Corte reafirma que la libertad de expresión no puede ser utilizada como instrumento para perpetuar violencias simbólicas o reforzar estereotipos de género, especialmente cuando las manifestaciones provienen de quienes ostentan la más alta investidura del Estado. En una sociedad democrática, la palabra pública tiene un poder transformador que puede contribuir a erradicar las desigualdades y consolidar una cultura de respeto y no discriminación hacia las mujeres que ejercen el periodismo”.Y añadió: “La Defensoría del Pueblo considera que esta sentencia envía un mensaje claro sobre el deber del Estado de garantizar entornos seguros para el ejercicio del periodismo, tanto en los espacios físicos como en los digitales. La violencia de género y la violencia digital contra las mujeres periodistas constituyen una amenaza grave para la libertad de expresión y para el derecho de la sociedad a estar informada. En ese sentido, la entidad reitera su compromiso de seguir acompañando a las periodistas víctimas de violencia y de fortalecer las rutas de protección existentes”.Redacción JusticiaMás noticias: