En la sentencia de 82 páginas contra José Miguel Narváez por el secuestro de Piedad Córdoba, la jueza tercera penal del circuito de Medellín, Claudia Marcela Castro, ordenó compulsar copias para investigar al expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe por su presunto rol en el homicidio de Jesús María Valle y Jorge Eduardo Umaña, en febrero y abril de 1998, respectivamente.Narváez, exdirector de Inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue condenado a 28 años de prisión tras ser señalado por la Fiscalía como determinador del secuestro de la fallecida exsenadora Piedad Córdoba, perpetrado el 21 de mayo de 1999.Álvaro Uribe – Santiago Uribe Foto:Archivo EL TIEMPOSegún la investigación, Narváez Martínez influyó en Carlos Castaño para que, como jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ordenara el secuestro de la entonces congresista. La acusación sostiene que ambos mantenían una relación cercana y que el exdirector del DAS “dictaba conferencias en sus campamentos sobre guerra política, antisubversión y eliminación de opositores”. Además, habría entregado a Castaño grabaciones ilegales de conversaciones entre Córdoba y excomandantes del Eln, en las que se referían de manera despectiva a la cúpula paramilitar.El investigador judicial Luis Hernando Restrepo Lacharne informó que los secuestradores usaron prendas oficiales del CTI y del Ejército Nacional para suplantar la autoridad y facilitar el plagio. “De esta manera, la articulación entre actores armados ilegales y entidades estatales permitió ejecutar el secuestro de la senadora Córdoba, mediante el uso de información obtenida ilegalmente y la suplantación de autoridad”, señala el fallo.Con base en distintos testimonios —entre ellos los del exparamilitar ‘Don Berna’ y ‘Pedro Bonito’—, el despacho se alineó con la tesis de la Fiscalía. “De manera consistente y detallada, distintos desmovilizados de las AUC relataron la participación de Narváez como miembro orgánico de esa estructura, sus frecuentes visitas a los campamentos de Carlos Castaño, su ideología radical, las capacitaciones en las que enseñaba que era ‘lícito’ matar guerrilleros y las listas de objetivos que él mismo dictaba para ser atacados, entre otros hechos”, se lee en la decisión.Exsenadora Piedad Córdoba. Foto:Sebastián JaramilloAsí mismo, se señaló que el secuestro de Córdoba fue ordenado bajo la postura radical contrainsurgente que profesaba Narváez. A ello se suma el comunicado firmado por Carlos Castaño y dirigido al entonces presidente Andrés Pastrana, en el que las AUC asumieron públicamente la responsabilidad sobre la integridad y la vida de la senadora, proponiendo su entrega como parte de un acercamiento político.En el fallo, la jueza traza una cronología del paramilitarismo. “Las Convivir, dentro de su legalidad, fueron el espacio de concertación entre empresarios de la región y grupos paramilitares sobre los aportes de los primeros a los segundos (…) a través de ellas se recibió y canalizó el dinero aportado por el sector privado de la economía de Urabá”, se lee en el documento.En este apartado, la jueza cita una sentencia de la CIDH por el crimen de Manuel Cepeda Vargas y el testimonio del desmovilizado Francisco Enrique Villalba, así como de otros exparamilitares que también declararon en el caso por el secuestro de Córdoba. En su versión, Villalba mencionó una reunión en la finca La Marranera, donde se habría hablado de atentar contra defensores de derechos humanos, entre ellos Jaime Garzón. Según su testimonio, a ese encuentro asistieron el entonces expresidente Álvaro Uribe Vélez, su hermano, el ganadero Santiago Uribe, y un “general Ospina”, a quienes también se compulsaron copias. Entre las personas mencionadas como posibles objetivos figuraban Jesús María Valle y Jorge Eduardo Umaña.La respuesta de Álvaro UribeSobre esta compulsa de copias, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la decisión como “miserable”, sustentada —según dijo— en una declaración “fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”. Agregó que existe una sentencia de la Corte Interamericana que también desvirtúa esos señalamientos. Y transcribe uno de los apartados:“Preguntado: Recuerda usted para el año de 1997, cuando se produce esa reunión en la finca La Marranera y se habla de atentar contra miembros de derechos humanos, entre ellos Jaime Garzón, ¿quiénes hablaron de la comisión de estos hechos y quiénes más se encontraban presentes?Contestó: Ahí estaban, de las autodefensas, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, ‘Mono Leche’ Junior y mi persona, con 22 hombres que yo tenía al mando. De los militares, estaba el general Ospina, que era de la Cuarta Brigada, un teniente y un mayor cuyo nombre no recuerdo. De la Policía, estaba el mayor Parras Niño; su acompañante, el patrullero Acuña; también José Serrano, comandante de la Policía de esa época; el gobernador para esa época, Álvaro Uribe Vélez, y Santiago Uribe, además de unos agentes de Policía de San José de la Montaña. Ellos eran los que estaban ahí”, cita la jueza.“Preguntado: ¿Se enteró usted por qué razón o cuál era el móvil por el cual se quería dar muerte a estas personas, es decir, a los doctores Umaña, Valle y Garzón?¿Quién está detrás del ataque en Puerto Jordán? Foto:Contestó: Porque ellos estaban molestando sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo entre paramilitares y militares, como la Cuarta Brigada. La orden que dieron fue que a esas personas tocaba callarlas para que no molestaran más”, añade el testimonio citado por la jueza.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia