Tras 20 años de su implementación en el país, las señales de crisis del sistema penal acusatorio son cada vez mayores. Un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) advierte que la impunidad campea en la mayor parte de los casi dos millones de casos que llegan cada año, en promedio, a las fiscalías del país.La falta de denuncia, sobre todo en casos de hurto, es a la vez reflejo y disparador de la crisis de la justicia. La radiografía de la CEJ muestra que de 950.842 casos que estaban activos el año pasado en el ente acusador, el 93,2 por ciento se estancaron en la fase de indagación. Es decir, nueve de diez no pasaron de la mera denuncia o querella que un ciudadano puso tras haber sido víctima de algún delito.Para la Corporación, “el resultado es un sistema que recibe millones de casos por una boca ancha, pero que enseguida se atasca en un cuello angosto, dejando la mayor parte de la carga acumulada en una fase que cada día se congestiona más”.El crítico balance vuelve a poner el foco sobre la impunidad que se genera producto del estancamiento de procesos que entre sus folios contienen historias que van desde hurtos y amenazas hasta delitos financieros, económicos y graves atentados a los derechos humanos como lo son el homicidio y el desplazamiento forzado.Despacho judicial en Colombia. Foto:Santiago Saldarriaga/El TiempoEl balance es más desolador si se revisa que gran parte de los casos que alcanzaron a ser objeto de estudio por parte de algún fiscal, terminaron siendo archivados por incapacidad de las mismas autoridades para establecer si de delinquió o no.Y es que de 1,4 millones de noticias criminales abiertas, el 81,9 por ciento se archivaron y, de ellas, en el 53 por ciento de los casos el argumento fue que hubo una imposibilidad de encontrar a la víctima o al victimario, mientras que en el 42,8 por ciento fue porque no existía delito alguno.Para la CEJ, el archivo se convirtió entonces en la “alternativa predominante” ante las dificultades que hay en el país para que la Fiscalía, con cerca de 30.000 funcionarios, adelante labores investigativas.Bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Foto:Archivo El TiempoComo la cantidad de casos en indagación y archivados hay otras aristas que se abordan en el informe de la CEJ, que al ser de 2024 se puede tomar como un corte de cuentas externo a la administración de la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, quien llegó a la entidad a inicios del año pasado.Desde su posesión ella junto a su equipo han adoptado una serie de cambios en aras de fortalecer la capacidad investigativa y orientarla a ciertas ciudades y fenómenos criminales de mayor necesidad dependiendo de la región.A pesar de que como primer paso, promovió junto con la Corte Suprema y el Gobierno una reforma enfocada en la justicia premial y los mecanismos de terminación anticipada, de acuerdo con la CEJ el panorama no sigue siendo el mejor. Bajo esa modalidad el año pasado –cuando no se había aprobado la reforma– solo se adelantaron 466 casos, es decir, el 0,05 por ciento de los casi dos millones de procesos.En contraste, después de la gran cantidad de casos en indagación, otros 53.582 estaban en juicio y 10.352 en investigación.Luz Adriana Camargo, fiscal general. Foto:FiscalíaLas lecturasDistintos expertos coincidieron con que hay un cuello de botella en las indagaciones debido a que hay pocos investigadores. De acuerdo con la CEJ, por cada 100.000 personas hay apenas 8,9 fiscales.El magistrado del Tribunal de Bogotá Hermens Darío Lara le dijo a EL TIEMPO, en calidad de presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, que “la falta de atención de los fiscales en los casos hace impróspera la acción penal, precisamente por estar sobrecargados. Ello hace que sea insuficiente la labor que realizan respecto de la calidad de la investigación y los resultado de judicialización”.Y es que según el exfiscal general Mario Iguarán, la capacidad de los despachos en la Fiscalía no es muy distinta a la carga que tienen los jueces, pues en promedio hay investigadores que tienen entre 600 hasta 2.000 procesos activos. Eso sí, subrayó que a día de hoy en la Fiscalía “no existe un sistema efectivo de priorización basado en impacto social o gravedad de los hechos”.El sistema penal se estanca en la fase de indagación, según la CEJ. Foto:iStockPor su parte, el vicefiscal Gilberto Guerrero le explicó a este medio hace un par de semanas que otro factor que ha elevado las cifras tiene que ver con que suele politizarse la justicia, denunciando cualquier conducta que a veces no encaja dentro de lo penal, situación que se agrava en épocas de elecciones. “Lamentablemente se busca instrumentalizar el aparato judicial para generar ciertos fines políticos y electorales”, alertó Guerrero.Una opinión similar la tuvo el penalista Mauricio Pava, quien afirmó que lo que se evidencia con el informe es que “el sistema penal está saturado. Todos somos responsables: se lleva al derecho penal cualquier conflicto o escándalo, aunque no toda infracción sea delito. Algunos fiscales, sabiendo que habrá absolución o que la conducta no es dolosa, apuestan a que un juez vea crimen donde no lo hay”.Gilberto Guerrero, vicefiscal general de la Nación. Foto:Néstor Gómez/El TiempoEntre los errores que han dificultado la labor de fiscales están, según Mario Iguarán, que sigue sin incentivarse una analítica de datos y que “los sistemas de información (Spoa, Sijuf) no se comunican adecuadamente, la información no está actualizada o está incompleta”.Los fallos absolutorios Sobre los resultados de las investigaciones que alcanzan a adelantar los fiscales también hay capítulo en el balance de la CEJ. De 53.906 sentencias de primera instancia, la mayoría fue por condenas a raíz de negociaciones entre los acusados y la Fiscalía, pero hay un lunar yes que en segundo lugar se ubicaron las absoluciones con 15.465.Sobre esa tasa de absolución, Pava subrayó que “refleja una mala instrucción: o no se logró determinar la existencia del delito, o se acusó pese a que no lo había”, añadiendo que por eso “es necesario un sistema con un control judicial intermedio que evite esas fallas”.Edificio del búnker de la Fiscalía General de la Nación. Foto:Foto: Jesús BlanquicetOtro tipo de salidas a este círculo vicioso en el que entran muchas noticias criminales y pocas son revisadas las dieron los exfiscales Mario Iguarán y Guillermo Mendoza Diago. Para el primero se debe potenciar la analítica y el uso de tecnología, así como un modelo de priorización concentrado en macrocriminalidad, violencia sexual y homicidios. Mientras que para Mendoza es vital fortalecerse con más agentes y fiscales.En aras de reforzar su planta de personal, la Fiscalía adelanta un concurso de méritos para suplir 4.000 vacantes.’Rara vez se llega a una imputación’: Andrés PérezEl subdirector general de la CEJ, Andrés Pérez, habló con EL TIEMPO sobre el más reciente informe preparado a 20 años de la puesta en marcha del Sistema Penal Acusatorio.Subdirector, ¿cuáles son las principales conclusiones del informe de la CEJ?El último informe de la CEJ sobre el Sistema Penal Oral Acusatorio es muy interesante en distintos sentidos. Una de las conclusiones es que siete de cada 10 personas que fueron víctimas de hurto o extorsión tomaron la decisión de no acudir a las autoridades para informar de la ocurrencia de esos delitos. Eso es muy importante porque del millón de noticias criminales, el 55,6 % proviene precisamente de las denuncias de la ciudadanía.Se ve que muchos de los casos que llegan no pasan de una fase preliminar…En síntesis, podemos decir que el flujo de entrada al sistema es masivo, es constante y, a pesar de las reformas de las que ha sido objeto, pues hay un sistema que tiene una boca que recibe cerca de dos millones de casos al año, que pasan a un cuerpo angosto que trata de tramitar esas investigaciones sin mucho resultado y sin poderlas evacuar. O sea, si hay una cifra que pone de presente las dificultades del sistema es el estado de los procesos. El sistema está prácticamente paralizado en la fase de indagación, donde la Fiscalía debe recolectar la evidencia inicial para determinar si existe mérito para llevar un caso ante los jueces y los datos del 2024 son francamente desalentadores.También se evidencia una gran cantidad de casos archivados…De las 920.400 noticias de 2024 que se cerraron, un 97 % lo hicieron sin que nunca se hubiera superado la indagación. Esos porcentajes lo que demuestran es que la indagación no funciona como una fase de filtro, sino como un cuello de botella que está ralentizando el sistema. Los casos entran al conocimiento de la Fiscalía, pero no están avanzando y los esfuerzos del sistema se están concentrando en una etapa preliminar que muy rara vez conduce a una imputación y mucho menos a un juicio.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com