El Gobierno se dispone a frenar la “expansión sin precedentes” de la universidad privada: estos son los 15 nuevos centros en el aire | Educación

El Gobierno se ha propuesto frenar una expansión de universidades privadas “sin precedentes en la historia” y “sin comparación en los países europeos”. Porque muchos de estos últimos campus no tienen calidad demostrada ante los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y casi ninguna de las privadas hace investigación. Con meses de retraso y con ese objetivo, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una modificación del decreto de creación de universidades de 2021, que endurece los requisitos de calidad en ciencia, solvencia económica o tamaño. Desde 2014, las 50 universidades públicas, infrafinanciadas, han visto crecer su matrícula apenas un 2% ―no ofertan suficientes plazas y las notas de corte para ingresar son estratosféricas―, mientras que las 46 privadas engordaban un 117%. En manos de las autonomías está abrir o no siete universidades, cuatro de ellas con el informe contrario de los técnicos del ministerio, ratificado luego por la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), en la que están los gobiernos autonómicos. Y a otras ocho iniciativas se les va a aplicar el decreto endurecido. Es decir, tendrán que aprobar un informe previo de la agencia de calidad local o nacional (ANECA). El problema radica en que el dictamen de la CGPU que se elabora no es vinculante y los parlamentos regionales aprueban universidades que no han certificado una calidad mínima.Ahora los campus tendrán que llegar a los 4.500 alumnos en seis años, demostrar solvencia financiera o lograr el 2% de los fondos en concursos competitivos. El decreto de 2021 obliga, además, a invertir el 5% del presupuesto en investigación, a garantizar una plantilla estable o contar con dos programas de doctorado (ahora van a ser tres).El ministro Manuel Castells puso en marcha una criba de calidad que ha resultado a ojos del Gobierno insuficiente. Sigue siendo, en su opinión, un coladero de mala calidad, cuando el sistema español siempre tuvo un nivel aceptable (sin acercarse al top mundial) y homogéneo y así lo expresan los rankings. Pronto habrá un sorpasso de la privada, porque no se inaugura una entidad pública desde 1998 y no hay ninguna intención de hacerlo. El decreto Castells, sin embargo, sí ha logrado que los campus abran programas de doctorado, lleguen a una oferta de 10 carreras y seis másteres ―con la intención de que dejen de ser colegios grandes― o que ya se presenten tímidamente a concursos competitivos de ciencia. En 2023, las privadas concentraron solo el 5% de todos los recursos captados para investigación.Los alumnos de la privada representaron en el 2023-2024 un 31% del total (550.000 inscritos), el 51% en másteres. Y la previsión es que esta cifra crezca de forma exponencial. “En Alemania, según Eurostat, en el curso 2022-2023 los centros privados agrupaban el 16% del estudiantado universitario, en Italia el 19%, en Francia del 24%, en Suiza el 15%, en Suecia el 6% y en Dinamarca solo el 0,2%”, recuerda el ministerio en el preámbulo del decreto. Seis proyectos en manos autonómicas Hace 15 años, si los técnicos del ministerio suspendían un proyecto, nunca llegaba a aprobarse en el parlamento regional. Ahora no es motivo de sonrojo. Madrid tiene cuatro proyectos entre manos. Solo está claro que IE University, con informe favorable pero condicionado, se autorizará pronto.Además, Madrid dispone de tres apuestas con informes tan negativos que son difícil de defender públicamente, por sus carencias en investigación, plantilla o solvencia. “Se constata, después de rehacer el proyecto inicial, que los promotores ni tenían ni tienen un proyecto definido y de calidad”, se afirma en el informe de la Abierta de Europa. Las iniciativas Felipe II y Internacional de las Artes tampoco salen bien paradas.En Extremadura la propuesta de la Universidad Internacional del Desarrollo (Uninde), comandada por la Universidad Autónoma de Chile, tiene un informe negativo: “El capital social de la entidad promotora (3.000 euros) se considera insuficiente”. La Abierta de Extremadura cuenta con otro positivo, pero condicionado a cambios. Esta última iniciativa, del Grupo Planeta y en remoto, saldrá adelante probablemente.Además de Extremadura, se mantienen también sin instituciones privadas Castilla-La Mancha, Asturias y Baleares. En esta última ADEMA, un centro adscrito, planea ser la Universidad de Mallorca, aunque el informe desfavorable de la CGPU no ayuda: las infraestructuras para investigación son “manifiestamente insuficientes” y los recursos “destacan por su ausencia”.Andalucía, que autorizó cuatro campus en 10 meses, ha tumbado dos proyectos con veredicto negativo: Internacional del Mediterráneo (Almería) e Internacional Lucio Anneo Séneca (Córdoba). También Galicia no va a autorizar la Universidad Emilia Pardo Bazán, que sufrió también un varapalo de los técnicos.Las ocho apuestas con una nueva lupa Hay, en paralelo, ocho proyectos a los que el ministerio aplicará los nuevos requisitos de calidad, aunque las autonomías hayan solicitado el informe antes de que entre en vigor la modificación del decreto.En Extremadura espera veredicto el CEU Núñez de Balboa, con sede en Jerez de los Caballeros (Badajoz), que necesitará un informe positivo de la agencia de evaluación nacional ANECA y el respaldo del Congreso de los Diputados, porque el decreto cambia los criterios de las universidades a distancia en español. También aguarda turno la Europea de Extremadura, participada por el grupo de inversión EQT. Desde este miércoles va a ser también obligatorio el informe favorable de la agencia de calidad local en los proyectos de campus presenciales como este. La comisión evaluadora la compondrán profesores de plantilla elegidos por sorteo. La Universidad Europea ha solicitado también el informe para Asturias: con Medicina como principal reclamo, como en Extremadura. Su potencial implantación en una región que pierde población y que gobiernan los socialistas viene rodeada de polémica por su impacto en la igualdad de oportunidades y las prácticas en hospitales públicos. Pero, en el otro lado de la balanza, abrir un campus atrae profesores, estudiantes y empresas, y activa la vida de una ciudad.La Universidad Europea aspira asimismo a abrir UDDI Universidad Digital en Tenerife a través de una filial. Mientras que Aragón se ha convertido en un objetivo de negocio muy atractivo por el empuje económico de Zaragoza, donde se están implantando muchas grandes empresas que necesitan expertos. Así lo explican los promotores de Power University, muy conocidos por unos cursos formativos online, que quieren alquilar un edificio de la Expo del Agua en Zaragoza para instalarse. Poco se sabe del proyecto a distancia Universidad Internacional de Aragón, cercano según la prensa local al grupo de academias de oposiciones Magister. Más polémico resulta que abra la Universidad Niccolo Cusano, de Stefano Bandecci, alcalde de Terni y muy vinculado a la ultraderecha italiana. Su interés ahora se centra en Calatayud (20.000 habitantes, a 87 kilómetros de Zaragoza), con estudios presenciales y online. Antes pinchó en hueso en Málaga y con los socialistas también en Aragón.Y por último, el proyecto de la Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero, que no le gusta a la Junta de Andalucía. “En nuestra opinión, no cumple con los requisitos de calidad exigidos y hemos pedido informe al gabinete jurídico para que nos diga si es posible rechazarlo en este momento del procedimiento o estamos obligados a remitirlos a ACCUA (agencia de calidad andaluza) y al ministerio”, afirmó un portavoz de la consejería de universidades a este diario el pasado abril. Finalmente, se mandó al departamento de Diana Morant, pero con la modificación del decreto, será la agencia de calidad andaluza la que elabore antes un informe, y si es negativo, los técnicos del ministerio no llegarán a trabajar en el suyo porque el resultado es vinculante.