La Corte Suprema se inhibió de investigar a los 20 senadores que conforman la lista cerrada del Pacto Histórico por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña al Senado de 2022 y, en un extenso auto de 236 páginas revelado por EL TIEMPO, detalló las conclusiones sobre el escándalo de la avioneta con 446 kilos de cocaína incautada en Providencia.En los próximos días compulsará copias a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral para que investiguen las actuaciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa —también imputado como gerente de campaña por violación de topes en la puja presidencial—. Guillermo Alfonso Jaramillo y Ricardo Roa Foto:ArchivoSegún el alto tribunal, ambos habrían intervenido en la maquilla de informes en el sistema Cuentas Claras de los congresistas y en la ocultación de gastos de la campaña de Gustavo Petro en la consulta interna.El auto señala que los pagos por el servicio de transporte aéreo contratado con la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. —por sugerencia de Ricardo Roa y gestionado por Guillermo Alfonso Jaramillo— se habrían aprovechado para actividades proselitistas del entonces candidato Gustavo Petro y su equipo. La Corte sostiene que, utilizando facturación amañada, más de 1.200 millones de pesos fueron ocultados por el Partido en el reporte de gastos de la campaña al Senado, induciendo en error al Consejo Nacional Electoral, que los incluyó en la reposición de votos por $14.415 millones reconocida en 2023.CNE Foto:EL TIEMPO¿Qué pasó con la avioneta?En paralelo, el documento reconstruye lo sucedido el 23 de mayo de 2021 en el aeropuerto El Embrujo de Providencia. Ese día, en flagrancia, fueron capturados los pilotos Juan Camilo Cadena Botero y Harold Darío Rivera Toledo cuando aterrizaron la avioneta BE9L Beech Craft C90A de matrícula N722KR con 28 cajas que contenían 446 paquetes de cocaína y $102 millones en efectivo. La Fiscalía estableció que en la operación también estaba involucrado Jorge Isaac Aguilar García, entonces capitán de la Policía Nacional, quien habría intentado facilitar el paso del cargamento contactando insistentemente al agente encargado de la inspección.La Corte documentó que la avioneta era propiedad de la sociedad estadounidense Logistic Air Services, Inc., constituida en Florida y dirigida por Mauricio Gómez. En abril de 2020 esa aeronave fue entregada en comodato a Interandes Helicópteros S.A.S. para su operación en Colombia.Esta compañía, autorizada por la Aeronáutica Civil, fue constituida en Bogotá en 2012 por Miguel Jaramillo Arango y Fernando Alfonso Escovar Langebeck. Ambos confirmaron ante la Fiscalía que la aeronave fue adquirida en Estados Unidos y que en ese negocio también participó un coronel retirado de la Policía, Juan Guillermo Mancera.Las declaraciones de los pilotos y demás implicados señalan como autor intelectual a Carlos Eduardo Restrepo Osorio, quien habría planeado el envío de cocaína desde Guaymaral a Providencia bajo la fachada de un “vuelo humanitario” con tapabocas. Cadena Botero relató que la droga fue movida entre distintos lugares, incluido el hangar de la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S., y que Restrepo Osorio coordinó el cambio de hangares para crear un “plan de vuelo fantasma”.Providencia. Foto:Jaiver Nieto / EL TIEMPOPor estos hechos, Rivera Toledo y Cadena Botero fueron extraditados a Estados Unidos en 2022. Restrepo Osorio, señalado como coordinador del cargamento y encargado de pagos al piloto y a otros involucrados con dinero provisto por alias “Enano”, se entregó voluntariamente a las autoridades de ese país. Según informó en 2024 el Departamento de Justicia de Estados Unidos, su proceso sigue en curso.La Corte Suprema concluyó que la contratación de la campaña al Senado del Pacto Histórico con la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. no puede vincularse con el hecho de narcotráfico en Providencia. En tres puntos resumió esa decisión: para la fecha de los hechos Restrepo Osorio ya no era representante legal de la empresa; la utilización de sus instalaciones habría sido coyuntural; y la sociedad no tenía relación de titularidad con la aeronave implicada.Por tanto, no se encontró evidencia de aportes dinerarios ni servicios irregulares de las sociedades involucradas a la campaña, ni participación directa de los candidatos en la negociación de los contratos.En manos de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo y del CNE quedará la investigación sobre una eventual violación de topes de financiación.Juan Diego Torres Dielas@eltiempo.com