En la madrugada del 31 de diciembre, mientras el resto del país se preparaba para celebrar el fin de año, para los habitantes del corregimiento de Filo El Gringo, municipio de El Tarra, en el Catatumbo, el 2025 terminaba como empezó hace 12 meses: bajo el terror de la violencia armada.Un ataque con drones, atribuido al frente 33 de las disidencias –supuestamente en negociaciones de paz con el Gobierno Petro–, generó incendios y la destrucción de varias casas y del puesto de salud. Como hace 35 años, cuando allá mandaba el Epl, o como hace 20, cuando llegó el terror de los ‘paras’, la gente de Filo Gringo, y en general de todo el Catatumbo, sabe que su vida y su seguridad no dependen tanto de lo que haga la Fuerza Pública, sino de los movimientos de disidencias y Eln, las bandas criminales que lleban años peleando por el control de narcocultivos y rutas de la cocaína hacia Venezuela.Marlene —una líder del municipio de El Tarra que hoy está refugiada en Ocaña (Norte de Santander)— señaló que “el Catatumbo cerró 2025 como lo inició”, al tiempo que recuerda que desde el 16 de enero del año pasado la región atraviesa una de las peores crisis humanitarias y de orden público, derivada de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el frente 33 de las disidencias de las Farc, comandadas por alias Calarcá.Alcaldía del Tarra. Foto:Andrés Carvajal.La mujer explica que, aunque la confrontación entre ambos grupos armados se libró durante todo el 2025, la violencia se recrudeció en las últimas semanas. “Eso que pasó allá en Filo El Gringo (corregimiento de El Tarra) fue terrible”, relató la mujer a EL TIEMPO.El Catatumbo, ubicado en el nororiente del país, en Norte de Santander, está conformado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. En estos territorios, la riqueza ambiental contrasta con indicadores de pobreza y rezago social que, entre otros factores, fueron claves para que se agudizara la crisis que ya deja 85.000 desplazados, más de 150 muertos, miles de confinados y siete líderes sociales asesinados.Por miedo a represalias, los habitantes de la zona se comunican por medio de mensajes cifrados y llenos de metáforas, identifican a las disidencias de las Farc como la ‘Selección Colombia’, grupo que se ha fortalecido en los últimos meses, mientras que al Eln lo llaman el ‘Cúcuta Deportivo’.Ejército desplegó tropas en Catatumbo. Foto:Ejército.La crisis humanitariaSegún el diagnóstico los habitantes de la zona, “la incursión del la ‘Selección’ en esa zona —tradicionalmente dominada por el ‘Cúcuta’— desató enfrentamientos que se extendieron hacia veredas como Versalles, Orú y San Pablo”.En esos sectores “la ausencia estatal es casi total”, señaló uno de los pobladores de la región. “Allá no hay Estado, no hay Policía ni Ejército; por eso hacen lo que quieren”, dijo la mujer, quien explicó que, tras la llegada de las disidencias a corregimientos como Pachelly, las vías fueron cerradas de manera forzada, dejando a la población atrapada.“No dejaron pasar transporte, la gente no tenía cómo salir. La vía quedó cerrada y tocaba dar la vuelta por El Tarra, Ocaña y Cúcuta, pero por miedo muchos no se movían”, relató la líder al dar una radiografía de los últimos hechos de violencia en la región. Allí, la población civil quedó atrapada entre los dos bandos: mientras un grupo ingresaba directamente a las viviendas, el otro respondía desde afuera con explosivos y drones lanzagranadas.Patrullajes del Ejército en Catatumbo. Foto:CortesíaPara analistas y expertos en conflicto, la escalada de violencia registrada en 2025 no responde a un episodio aislado, sino a una recomposición progresiva de estructuras armadas, mandos y flujos de recursos que comenzó a hacerse visible tras la emergencia humanitaria declarada a inicios del año pasado. La nueva ola, según las autoridades, ya deja más de 600 desplazados.El impacto de la reciente crisis, afirmó Marlene, ha sido devastador: “Hay gente que salió con una sola muda de ropa”. Señaló que muchas familias huyeron con niños y adultos mayores, sin tiempo de recoger sus pertenencias. También habló de heridos que tuvieron que ser evacuados en medio de la zozobra y de comunidades a las que se les impidió el ingreso de ayuda humanitaria. “La gente está sufriendo. Hay personas que no son ni de un lado ni del otro, pero igual les tocó salir”, concluyó. Por ahora, descarta cualquier regreso: “Yo nací y trabajé toda la vida allá, pero la situación está demasiado complicada”, sentenció.Zona comercial de El Tarra, Catatumbo. Foto:Andrés Carvajal.El relato de la líder va en consonancia con las alertas humanitarias lanzadas por las autoridades y organizaciones, que expusieron que la crisis se agudizó luego de que los grupos armados, de manera indiscriminada, hicieran uso de drones cargados con explosivos, los cuales han impactado en viviendas de zonas rurales. De acuerdo con las autoridades, estos dispositivos han causado, hasta el momento, la muerte de seis militares y diez civiles. Este método de guerra ha sido documentado de forma recurrente durante 2025, con al menos 21 eventos reportados por las Fuerzas Militares, cifra que ubica al Catatumbo como la segunda región del país con mayor uso de estos dispositivos, después del Cauca.Juan Carlos Quintero Sierra, líder social perteneciente a la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), sostuvo que esta guerra es, según las Naciones Unidas, la crisis humanitaria más profunda desde la firma del acuerdo de paz. “Es una guerra que se da como consecuencia de no haber cumplido el acuerdo con las extintas Farc; porque la situación social del Catatumbo sigue siendo casi la misma; el Estado no logra avanzar en resolver los problemas estructurales de nuestra sufrida región; y porque hay un alto índice de relación con economías ilícitas que alimentan estas confrontaciones”, señaló.El Ejército en zonas del Catatumbo. Foto:CortesíaPara el líder, la afectación de esta guerra se extendió por 11 municipios entre enero y febrero de 2025 y finalmente se concentró en Tibú, el municipio más grande del Catatumbo en extensión territorial y fronterizo con Venezuela, el cual se sostiene por cuatro economías (tres legales y una ilegal): la palma, el petróleo, el carbón y la coca. “Allí tenemos cientos de personas confinadas desde hace un año, con un control social muy fuerte”, explicó.Voces recogidas de varios líderes de la región señalan que este mes va a seguir profundizándose la crisis, debido a que se cumplirá un año de haber iniciado la guerra del Eln el próximo 16 de enero. “Hay una tensión muy fuerte. Incluso se habla de la suspensión, por ejemplo, de las fiestas del retorno del municipio de Teorama, que son unas fiestas oficiales desde la alcaldía municipal”, dijo uno de los líderes.Cultivos de café en el Catatumbo Foto:Andrés Carvajal¿Qué está pasando?Información de inteligencia indica que uno de los factores que explica el repunte de la violencia es la decisión del Eln de fortalecer su presencia en municipios donde mantiene influencia histórica, como Ocaña, El Tarra y Tibú. Este refuerzo se habría dado mediante el traslado de guerrilleros con trayectoria hacia zonas de confrontación, en un intento por consolidar posiciones frente al avance de las otras estructuras.Fuentes consultadas señalaron, además, que el repliegue de integrantes del Eln desde territorio venezolano hacia el Catatumbo estaría relacionado con reportes sobre la posible presencia de agentes y militares estadounidenses en el país vecino. Este movimiento habría modificado las dinámicas transfronterizas y reactivado frentes que estaban inactivos.Integrantes del Eln. Foto:Daniel Martinez. AFP – Archivo EL TIEMPOEn el marco de estos ajustes, reportes reservados destacan el regreso de alias Daniel, identificado como uno de los mandos que entre 2018 y 2019 lideró acciones contra el Epl (conocido como ‘los Pelusos’). Su reaparición coincide con el aumento de acciones armadas y con un patrón de confrontación más sostenido que, según análisis de inteligencia, respondería a un intento del Eln por recuperar espacios en disputa.Por otro lado, las mismas fuentes advierten que el frente 33 ha capitalizado este reacomodo. En los últimos meses, esta estructura habría duplicado su número de integrantes en el Catatumbo, pasando de 260 a un estimado de 500 hombres. El incremento se explicaría por el ingreso de combatientes desde el sur de Bolívar y corredores conectados con Venezuela, con apoyo logístico de frentes provenientes de Caquetá y Putumayo.También señalan la reaparición de unidades especializadas del bloque Magdalena Medio, bajo el mando de alias Tiago y ‘el Paisa’, este último con formación en francotirador, uso de drones y maniobra táctica de las disidencias. Estas estructuras habrían retomado presencia en sectores rurales de Tibú como La Gabarra, Versalles, El Retiro, Mineros y Galán, zonas que en meses anteriores habían sido disputadas.Los dos cabecillas del Eln en la región del Catatumbo. Foto:CortesíaUn intento fallidoCon la intención de poner fin al conflicto, el Gobierno decidió en mayo de 2025 crear una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el área rural de Tibú, como espacio para la concentración progresiva de integrantes del frente 33, con el propósito de avanzar hacia la dejación de armas. El cronograma inicial establecía un plazo de siete meses y 45 días para el traslado; sin embargo, ese periodo venció en julio sin que la zona entrara en operación ni se evidenciaran avances en infraestructura.A finales de diciembre, el Gobierno resolvió prorrogar por siete meses la ZUT, pese a los cuestionamientos sobre el alcance real del proceso. La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió: “Hoy muchos de los comandantes del frente 33 tienen suspendidas las órdenes de captura y lo que hay que evaluar es hasta qué punto esa suspensión se está utilizando realmente para avanzar hacia la paz”. Asimismo, cuestionó la falta de información verificable sobre el freno al reclutamiento y la permanencia de menores de edad en las filas de esa estructura. LEA TAMBIÉN En medio de la confrontación, el Gobierno ha descrito el escenario como una disputa entre estructuras dedicadas al narcotráfico. Como respuesta, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó el pasado 31 de diciembre la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Tibú. El dispositivo contempla refuerzo policial en los cascos urbanos, coordinación con el Ejército en zonas rurales y apoyo helicoportado para facilitar el ingreso de tropas y misiones humanitarias hacia la región.Desde la Iglesia, monseñor Israel Bravo Cortés, obispo de Tibú, pidió avanzar en el diálogo, presencia integral del Estado, oportunidades económicas reales. “Cambiar cultivos no es solo decir ‘siembre cacao’”, es garantizar compra, respaldo y una cadena productiva. Si hay reformas estructurales por hacer, también debemos entender que hay que dejar entrar al Estado. No podemos mirar siempre al otro como el problema y no vernos como parte de él. Lo que más duele es que solo miran al Catatumbo cuando hay tragedias. La crisis no ha pasado nunca, solo dejó de ser tendencia”.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: