La Corte Suprema de Justicia decidió no casar la condena de cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito de particulares contra Ricardo Munar Fernández y Fernando Rivera Cifuentes, socios del poderoso empresario Alberto Aroch, pendiente de condena del Tribunal de Bogotá por un entramado ilegal de lavado de dinero mediante operaciones simuladas con empresas en el extranjero.EL TIEMPO conoció la decisión judicial, con ponencia del magistrado Diego Eugenio Corredor, de la Sala de Casación Penal, que desestima los argumentos de la defensa, la cual pedía tumbar la condena con cuatro causales de nulidad por presuntas irregularidades en distintas etapas del proceso.Daniel Espinosa en presencia de Alberto Aroch habló de la triangulación de dinero. Foto:Archivo particularEl caso se remonta a 2007, cuando una consignación de María del Carmen Carvajal —con antecedentes por lavado de activos y fabricación y porte de estupefacientes— a Fultransport S. A., por más de 2.200 millones de pesos en efectivo, incluyó dos certificados de origen de fondos que dieron pie a una investigación por un aumento patrimonial injustificado. Uno de ellos estaba firmado por Alberto Aroch Mugrabi, representante legal de la sociedad Moda Sofisticada Ltda.Esta compañía había registrado un desproporcionado aumento de activos, pasando de 8.724 millones de pesos en 2001 a 22.224 millones en 2006. “Tras la investigación correspondiente, se estableció que entre los años 2001 y 2014 se realizaron múltiples exportaciones ficticias y otras operaciones de contrabando que vinculan a las sociedades Moda Sofisticada, Vital Jeans y Proyectos y Desarrollos, todas ellas propiedad de los empresarios Alberto Aroch y Mónica Aroch Avellaneda”, señala la Corte.En dichas sociedades estuvieron vinculados laboralmente Ricardo Munar Fernández y Fernando Rivera Cifuentes, quienes, en calidad de presidente, gerente, secretario y asistente financiero en distintos periodos, tuvieron poder de decisión en las juntas directivas, donde se detectaron irregularidades económicas, patrimoniales y financieras. Según la Fiscalía, por esos roles, los incrementos patrimoniales injustificados por Aroch son imputables también a sus socios. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los condenados fueron fichas clave en un “esquema de triangulación” para el ingreso irregular de millonarias sumas de dinero a Colombia, a través de empresas fachada en Hong Kong, Venezuela y Estados Unidos, que fungían como la ‘cara’ legal de las transacciones por más de 400.000 millones de pesos presentadas como rentabilidad por la importación y exportación de productos textiles.Además, “Aroch Mugrabi penetró el sistema inmobiliario con la constitución de empresas denominadas Proyectos y Desarrollo, con capital de origen ilícito, para lavar capitales transferidos mediante contratos de fiducia para justificar y legalizar tales sumas de dinero”, dijo el ente acusador sobre el ciudadano colomboisraerlí, quien inicialmente había aceptado el delito de enriquecimiento ilícito.De hecho, esta empresa criminal, a través de las firmas Moda Sofisticada Ltda. e Inversiones y Construcciones 79 Ltda., suscribió un contrato de fiducia para desarrollar la construcción del centro comercial Gran Estación.Munar y Cifuentes, socios de Aroch, también aceptaron cargos por enriquecimiento ilícito, en un hecho que posteriormente la defensa consideró viciado por un yerro de la Fiscalía en la lectura de la dosificación punitiva. La Sala Penal descartó este argumento y señaló que “el juez de control de garantías constató que el fiscal les suministró a los procesados la información necesaria para comprender la conducta que se les imputaba, cumpliendo con los requisitos propios de la diligencia de formulación de imputación. Además, les concedió un tiempo prudencial para que, con la asesoría de su abogado, analizaran la formulación de cargos y la posibilidad de aceptarlos”.En Gran Estación están varios bienes ligados a Alberto Aroch. Foto:Archivo particular”Verificadas estas garantías, el juez procedió a explicarles a Fernando Rivera Cifuentes y Ricardo Munar Fernández la opción que tenían de aceptar los cargos; por separado, cada uno manifestó su aceptación del delito de enriquecimiento ilícito”, agregó. La defensa también alegaba una presunta incongruencia entre la imputación y la acusación, así como una supuesta falta de motivación en las sentencias, argumentos que fueron descartados por la Corte Suprema.Para la Sala, “los procesados utilizaron las empresas Moda Sofisticada, Vital Jeans y Proyectos y Desarrollos para obtener incrementos patrimoniales derivados de actividades ilícitas como el contrabando y la exportación ficticia, producto de operaciones simuladas, pese a que dentro de su patrimonio no contaban con la capacidad económica para realizar los movimientos financieros detectados”.En el caso de Ricardo Munar, se constató su vínculo con la sociedad Moda Sofisticada desde 1993, cuando fue designado como representante legal, cargo que mantuvo en distintos periodos entre 1993 y 2005. También figuró como representante legal y miembro principal de la junta directiva de Colmetex, posteriormente Vital Jeans, desde 2009 hasta 2014, y a partir de 2011 incluso como accionista. Asimismo, integró la junta directiva de Proyectos y Desarrollos I entre 2009 y 2014. LEA TAMBIÉN Por su parte, Fernando Rivera Cifuentes aparece vinculado con Moda Sofisticada desde 1991 hasta la fecha de los hechos, en distintos cargos como gerente y subgerente. También integró la junta directiva de Proyectos y Desarrollos I entre 2008 y 2009, e incluso participó en el acto de constitución de la empresa en representación de Moda Sofisticada. De acuerdo con la Corte, los incrementos patrimoniales obtenidos bajo su gestión y a favor del empresario Alberto Aroch Mugrabi también son imputables a él en calidad de autor.”En el manejo de las distintas empresas, los procesados desarrollaron de manera consciente diversas actividades ilícitas, sobre las cuales la sentencia de instancia detalló las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron. Realizaban maniobras para movilizar importantes sumas de dinero, muchas veces en efectivo y sin justificación lícita, que, en su calidad de administradores y representantes de las compañías, hacían aparecer como legales, incrementando desproporcionadamente el patrimonio de sus propietarios”, argumentó el alto tribunal.¿Qué viene para el conflicto en #Gaza? Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia