El fugitivo exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, radicó desde Nicaragua una tutela para tumbar la medida de aseguramiento en su contra, confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, por su presunta participación como cerebro en el saqueo a la UNGRD.”Se avoca el conocimiento de la acción de tutela promovida por Carlos Ramón González contra la Sala Penal del Tribunal Superior Bogotá, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales”, dice el auto admisorio del alto tribunal.Auto admisorio de la tutela Corte Suprema de Justicia Foto:ArchivoY precisa que, ante la imposibilidad de notificar personalmente y por correo electrónico a las partes —pues Carlos Ramón González se encuentra asilado en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega—, el trámite deberá surtirse por aviso fijado en la Secretaría de la Sala Penal, que tendrá en su poder la decisión sobre si con la orden de captura se vulneraron sus derechos fundamentales.El caso llegó al despacho del magistrado Gerardo Barbosa Castillo y, al igual que pasó con el expresidente Álvaro Uribe —a quien una jueza de primera instancia le ordenó detención inmediata y el Tribunal, como juez de tutela, se la revocó—, la Corte podría mantener o reversar la medida.La diferencia en el caso de González es que desde hace meses huyó de Colombia hacia Nicaragua. Por eso, a solicitud de la Fiscalía, se expidió circular roja de Interpol para su captura internacional y el Gobierno colombiano pidió su extradición. LEA TAMBIÉN En el Congreso de Confecámaras 2025, el presidente de la Corte Suprema, magistrado Octavio Augusto Tejeiro, señaló: “Las acciones de tutela en Colombia están reguladas con una primera instancia que dura 10 días y una segunda instancia que puede tardar hasta 20 días. En la medida en que la justicia colombiana produce resultados muy rápidos en este tipo de demandas, lo que podemos esperar es que en un tiempo muy corto haya una decisión sobre la solicitud que está haciendo Carlos Ramón González para intentar recuperar su libertad”.Corte Suprema de Justicia. Foto:CortesíaA González, de acuerdo con el expediente en su contra elaborado por la Fiscalía —que lo imputó por cohecho, peculado y lavado de activos— y según providencias judiciales de la misma Corte Suprema de Justicia, que adelanta el proceso penal contra los congresistas vinculados, se le señala de ser el cerebro de un entramado criminal para desviar recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y sobornar a senadores y representantes a cambio de aprobar proyectos clave del Gobierno.En medio de este proceso, y bajo circunstancias que hoy son materia de investigación por la Procuraduría, González salió del país, residió en la casa del exembajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz, y, de acuerdo con correos remitidos por el cuerpo diplomático, el país intercedió para que Nicaragua le renovara la residencia, un factor que terminó influyendo en el asilo que facilitó su fuga de la justicia colombiana.”Facilité la intermediación con las autoridades nicaragüenses para autorizar su ingreso al país, como se debe hacer con cualquier connacional (…) Mi actuación como embajador se enmarcó estrictamente en las funciones diplomáticas, dentro del marco legal y en el marco de gestiones que he hecho con otros connacionales”, dijo el ahora senador de la Alianza Verde.Sin embargo, en los últimos meses, tanto la Cancillería como el Ministerio del Interior han intercedido con el gobierno de Ortega para que lo envíen extraditado. Protestas globales por Gaza Foto:“Colombia reconoce y respeta la figura del asilo concedido a las personas que tengan justificación para invocarlo de acuerdo con los instrumentos internacionales de los cuales nuestro país es Estado Parte. Sin embargo, en virtud de dichos instrumentos internacionales, este derecho no podrá ser invocado por las personas que estén siendo procesadas judicialmente o hayan cometido delitos comunes”, sostuvo Armando Benedetti.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia