La Corte Constitucional le dio un plazo de 24 horas a Colpensiones para que entregue correctamente la documentación relacionada con el magistrado Héctor Carvajal, en medio del estudio de un posible impedimento que busca apartarlo del debate sobre la reforma pensional.El alto tribunal determinó que la entidad “no presentó en debida forma las pruebas solicitadas” y que los documentos enviados “no satisfacen los estándares mínimos de autenticidad, completitud e integridad” exigidos para una valoración judicial.El caso se centra en una demanda que pide que el magistrado Carvajal se aleje por completo de la discusión de la reforma pensional. La razón son dos contratos, el 070 de 2024 y el 005 de 2025, que Carvajal habría firmado con Colpensiones para asesorarlos jurídicamente sobre la reforma presentada por el gobierno de Gustavo Petro.Corte Constitucional Foto:CortesíaSegún la información conocida, en los conceptos que emitió, el entonces asesor avaló la reforma y sus objetivos, lo que ha generado dudas sobre su parcialidad para participar ahora como magistrado en la decisión.Para estudiar el impedimento, la Corte solicitó a Colpensiones los archivos originales. Sin embargo, el tribunal encontró graves fallas en la entrega.Colpensions no entregó documentos indicadosLa Corte advirtió que Colpensiones, “en lugar de remitir los archivos electrónicos originales requeridos”, lo que habría permitido verificar su autoría y fecha de creación, “remitió una compilación de imágenes y extractos de documentación desprovistos de sus propiedades digitales y metadatos”.Además, el tribunal constató que muchos de los documentos anexados presentan fechas que no corresponden a la solicitud y otros están borrosos, dificultando considerablemente la lectura de su contenido.Colpensiones. Foto:César MelgarejoSegún la Corte, esta forma de entrega impide la verificación de autenticidad, “pues la conversión de archivos digitales a simples reproducciones gráficas elimina los atributos informáticos que acreditan su integridad”.El alto tribunal fue enfático al señalar que el cumplimiento de una orden judicial “no se agota con la remisión de la información cualquiera, sino que exige atender de manera fiel y completa los términos específicos del requerimiento”. Calificó la omisión de los archivos originales como un “incumplimiento sustancial” que le impide al juez valorar las pruebas con certeza.*Esta nota se hizo con ayuda de IARedacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: