El Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación, específicamente al Ministerio de Defensa, por la muerte de Jorge Alberto Echeverry Correa, magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ocurrida durante los hechos del holocausto del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.La Corporación, a través de la subsección C de la Sección Tercera, determinó que la muerte del funcionario judicial se produjo principalmente por dos causas concurrentes.“Por una parte, la toma irracional, violenta, indiscriminada y terrorista del Palacio de Justicia por parte del grupo subversivo M-19 – quienes irrumpieron inconvencional y violentamente en la sede judicial, retuvieron como rehenes a magistrados y funcionarios, los utilizaron como escudos humanos y accionaron cargas explosivas al interior del recinto –; y, por la otra, por la omisión en el cumplimiento de los deberes de seguridad y protección del Estado y por el uso excesivo y desproporcionado de las fuerzas del orden durante la retoma”, dijo el Consejo de Estado en un comunicado.Consejo de Estado. Foto:Jesús BlanquicetEn su decisión, la alta corte resaltó que la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 “no puede ser interpretada como una hazaña política ni como un acto de rebeldía heroica sino más bien esta constituyó tal vez la afrenta más grave al Estado de Derecho desde la fundación de la República, la amenaza más decidida contra la institucionalidad democrática y contra la majestad de la justicia, piedra angular de la estabilidad social y de lo que une a los colombianos como Nación”.Además, señaló que la Verdad, entendida como derecho, posee una doble dimensión: en el ámbito público constituye un bien común que pertenece a toda la sociedad, y en el plano individual “representa el escenario en el que las víctimas recuperan su visibilidad y dignidad”. “Conocer la Verdad preserva del olvido la memoria colectiva y libera a las personas del silencio que encierra la injusticia y la mentira”.Homenaje de la Corte Suprema por la toma y retoma del Palacio de Justicia. Foto:Milton Díaz/El TiempoEn la parte resolutiva, el Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación y la condenó al pago de perjuicios morales y lucro cesante a favor de los familiares del magistrado auxiliar fallecido.De igual forma, la Corporación ordenó publicar la providencia en un medio de amplia circulación y realizar un acto público de perdón, en el que, con el propósito de contribuir a la Verdad, se dé lectura al fallo.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comNoticias de Justicia: