Colombia pasó el año 2025 con un dato que preocupa a las autoridades fiscales y a los departamentos: el contrabando de cigarrillos aumentó del 36 % al 38 %. En términos prácticos, significa que casi cuatro de cada diez cigarrillos que se consumen en el país son ilegales.La cifra proviene del juicioso estudio Incidencia de cigarrillos ilegales en Colombia, liderado por la Federación Nacional de Departamentos (FND) e Invamer, que además advierte pérdidas por 1,1 billones de pesos.Didier Tavera Amado, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, planteó que el desafío está en frenar el ingreso masivo de mercancía ilegal. “Aquí lo que hay que hacer es cómo hacemos la interdicción a gran escala, cómo evitamos que estos contenedores lleguen al país, cómo lleguen de forma ilegal a través de los puertos clandestinos, especialmente en el Golfo, en el Pacífico, y cómo también a través de artificios tecnológicos también logran vulnerar las capacidades de los puertos”, señaló.Incuatación de material de contrabando. Foto:CortesíaPara Martín Orozco, gerente de Invamer, el fenómeno tiene un componente económico evidente. “Es un montón de plata (…) finalmente no estamos logrando nada, porque los cigarrillos que están en las tiendas valen tres veces menos y lo que está pasando es que los departamentos están dejando de recaudar. La única forma es que las autoridades sigan haciendo su buen trabajo, pero hay que buscar la manera, indiscutiblemente, de bajarle los impuestos a los ciudadanos, porque si no la pelea es prácticamente perdida. Porque es que las cifras ya nos lo están mostrando desde el 2011 y desde el momento en que se han subido los impuestos”, afirmó.De acuerdo con los resultados del ‘Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia – 2025’, la Región Caribe concentra la mayor incidencia de cigarrillos ilegales, en los departamentos de La Guajira (94%), Cesar (79%), Magdalena (76%), Sucre (72%) y Bolívar (71%). En otras regiones del país, los departamentos con niveles superiores al promedio nacional son Norte de Santander (69%), Antioquia (51%), Chocó (44%) y Tolima (41%).En contraste a esta radiografía, se ubican los departamentos que lograron disminuir el consumo de cigarrillos ilegales durante el 2025: Guaviare (-18pp), Córdoba (- 15pp), Cauca (-12pp), Caquetá (-8pp) y Caldas (-6pp). En Amazonas, Casanare y Guainía no se reportó consumo de estos productos para 2025.Según explicó, en un mismo punto de venta pueden encontrarse la cajetilla legal junto a la ilegal. Aunque la publicidad del tabaco está prohibida, estas marcas ilegales no requieren promoción: “la gente ya las pide”, indicó.El evento fue organizado por Fededepartamentos. Foto:CortesíaEl debate por los impuestosEn medio de la discusión aparece el Decreto 1474, expedido durante la emergencia económica y suspendido temporalmente mientras la Corte Constitucional decide de fondo. La norma elevó el IVA al 19 % para tabaco y productos similares y trasladó puntos adicionales del impuesto del nivel departamental al Gobierno Nacional.Orozco explicó la diferencia de precios con un ejemplo: “Estamos hablando que en promedio entre todas las cajetillas una ilegal vale 4 mil pesos y una legal vale 12 mil. Entonces cuando una cajetilla legal cuesta hoy tres veces más que una ilegal, pues se cae de su propio peso que el consumidor (…) se va a ir por la ilegal”.Detalló que del precio de una cajetilla legal —que ronda los 12.400 pesos— cerca de 5.000 pesos corresponden al impuesto específico y 1.173 pesos al IVA. “Si eso no existiera hipotéticamente, estaríamos hablando que entre un ilegal y un legal probablemente las diferencias fueran de mil y pico de pesos y tal vez por mil y pico de diferencia la gente sí se voltea a una marca con mayor prestigio”, agregó.Cigarrillos de contrabando. Foto:Policía NacionalDesde la Federación, Tavera insistió en que el debate no es solo tributario sino territorial: “No estamos defendiendo un impuesto, estamos defendiendo la autonomía territorial, la construcción territorial. Más del 50 % de los departamentos dependen de estos impuestos al consumo”.Advirtió además que, de haberse aplicado plenamente el aumento planteado en la reforma tributaria durante la emergencia, una cajetilla podría haber costado entre 20.000 y 22.000 pesos. “Si hoy es un negocio la ilegalidad con un valor de 12 mil versus 4 mil pesos, imagínenselo de 20 mil o 22 mil versus 4 mil pesos”, dijo.Tavera también pidió a la industria un estudio formal sobre los niveles de nicotina de los productos ilegales, que no cuentan con control ni análisis. Y añadió: “La gente no debería fumar, eso es un imperativo, nadie debería fumar. Pero si fuman, que paguen los impuestos para que cuando estén enfermos el sistema público de salud tenga cómo atenderlos”.Puertos y economías criminalesPara las autoridades, el contrabando no responde únicamente a la acción de pequeños comerciantes. “No es porque las autoridades no estén haciendo nada (…) es simplemente porque hay un incentivo tan grande (…) de volver los grupos criminales a otras economías ilegales y darle la vuelta por el cigarrillo porque es un producto que no pesa nada y que cabe en una moto”, explicó Orozco.Por su lado, el coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, director de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), indicó que la mayoría del contrabando ingresa por Antioquia, La Guajira, Cesar, Magdalena, Córdoba y Norte de Santander. LEA TAMBIÉN “Nosotros tenemos una tarea enorme que es contribuir a la reducción del contrabando con miras a mejorar la inversión en educación, en salud y en bienestar. La Policía Fiscal y Aduanera ayuda al Estado a recaudar, a identificar al evasor, de tal manera que podamos seguir protegiendo el comercio legal, protegiendo empleos, pero aparte de ello recogiendo los recursos que necesita el Estado”, afirmó.Durante 2025, la Policía reportó la incautación de 4,5 millones de unidades de cigarrillos, avaluadas en 15.000 millones de pesos. Además, fueron desarticuladas cinco bandas, capturadas 46 personas y aprehendidas 230. En los dos primeros meses de este año ya se registran 18 casos, avaluados en 600 millones de pesos.El coronel explicó que la estrategia ha cambiado el foco: “Ir al modelo criminal económico más allá de llegar al tendero. El tendero es el último en la cadena (…) Entonces, lo que está haciendo la Policía es perfilación. Estamos trabajando y mejorando los sistemas de información mundial para poder perfilar cargas. Segundo, lograr entrar en la cadena de la bodega, centro de acopio ilegal, donde realmente se está moviendo el contrabando antes de que llegue a la tienda, antes de que llegue a los sanandresitos”.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: