El Consejo Gremial se sumó a la lluvia de conceptos que piden a la Corte tumbar el decreto de emergencia económica. En el documento, señala que la norma está viciada de forma y de fondo, al no responder a hechos imprevisibles, como lo exige la Constitución.Entre las razones que enumera, señala el vicio de forma de la firma de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, quien, según la solicitud, actuaba como ministra encargada.Decreto Petro emergencia económica Foto:Presidencia”El encargo no se presume prorrogado, ni su vigencia se extiende automáticamente por el solo ejercicio fáctico de las funciones. Por el contrario, agotado el término inicial, la subsistencia válida del encargo y, con ella, la competencia funcional para ejercer el empleo, depende de la existencia de un acto administrativo expreso que prorrogue su duración dentro de los márgenes legales. En otras palabras, la prórroga del encargo no opera de pleno derecho, sino que constituye una decisión reglada que debe ser formalizada mediante el correspondiente acto administrativo”, justificaron.Para el Consejo, el encargo debió finalizar en noviembre, razón por la que su firma estaría inválida y viciaría todo el decreto.A esta falta de procedimiento se sumaría el atropello a la Constitución, al justificar el Gobierno la emergencia con ocho razones que no corresponden a hechos sobrevinientes que obligaran a un aumento del recaudo mediante impuestos sin la aprobación del Congreso.El Congreso Gremial desvirtúa uno a uno los argumentos, entre estos el pago del reajuste de la UPC, ordenado por la misma Corte Constitucional, la agudización del conflicto, los desastres naturales de la ola invernal y la no aprobación de la reforma tributaria, que fue lo que le terminó de dar el empujón al Gobierno para declarar el estado de excepción. Conceptos exponen unanimidad jurídica contra la emergencia económica Foto:Archivo”El déficit fiscal es un problema estructural, que no se ha visto agravado por un hecho extraordinario. Por el contrario, el agravamiento de la situación fiscal del país se debe a las acciones del propio gobierno, las cuales volvieron previsible la actual situación fiscal del país. Por tanto, lo que existe no es una imposibilidad sobreviniente de endeudamiento, sino una restricción estructural de sostenibilidad y de caja, que debe ser enfrentada mediante los instrumentos ordinarios de la democracia fiscal”, detallaron. Actualmente el decreto ‘madre’ está en el despacho del magistrado Carlos Camargo, quien ya propuso a sus colegas de la Sala Plena decretar su suspensión temporal, por posibles daños irreversibles en el bolsillo de los contribuyentes por los impuestos expedidos. Por su parte, el magistrado Juan Carlos Cortés estudia el aumento de IVA del 19 % a los licores y apuestas en línea y la reducción de umbral del impuesto al patrimonio a 2.000 millones de pesos. Cortés propuso una medida cautelar parcial sobre los impuestos indirectos. Finalmente, le correspondió al magistrado Vladimir Fernández revisar el decreto reglamentario que ordenó el ‘aporte solidario’ de los operadores de energía.El Consejo de Estado estudia una demanda contra esta gabela Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia