La Policía ejecutó la Operación Pijaos I como parte de una estrategia interinstitucional orientada a frenar la explotación ilícita de yacimientos mineros en el sur del Tolima. La intervención se concentró en áreas rurales del municipio de Chaparral, donde autoridades identificaron unidades de producción minera que operaban bajo la modalidad de cielo abierto y que sostenían una cadena económica ilegal asociada a estructuras criminales.El operativo fue desarrollado por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental con apoyo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) y la Aviación Policial, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana. De acuerdo con el balance oficial, la acción permitió intervenir ocho unidades de producción minera ubicadas en las veredas Amoyá y Santa Rosa, zonas donde se había documentado una afectación directa sobre ecosistemas estratégicos y fuentes hídricas.Durante la operación, las autoridades procedieron a la inutilización de siete excavadoras, tres motores industriales, una draga, una planta eléctrica industrial y una motobomba. Según la Policía, esta maquinaria era utilizada de manera permanente para la extracción ilegal de minerales, lo que sostenía un flujo económico continuo para las organizaciones vinculadas a esta actividad.Una de las máquinas intervenidas. Foto:CortesíaEl impacto económico de la maquinaria inutilizada fue estimado en aproximadamente 5.700 millones de pesos.Las autoridades señalaron que la intervención permitió detener el vertimiento de insumos como mercurio, cianuro, combustibles y aceites sobre el río Amoyá, un afluente que abastece a comunidades cercanas y que había sido identificado como uno de los puntos críticos por la actividad minera ilegal.La Policía indicó que estos vertimientos representaban un riesgo para la biodiversidad y para la seguridad ambiental del territorio.La maquinaria destruida. Foto:CortesíaEn el componente financiero, la Dirección de Carabineros estimó que la explotación ilícita intervenida generaba ingresos cercanos a los 4.000 millones de pesos mensuales. Además, la operación impactó de forma directa las finanzas del Estado Mayor Central, Frente Ismael Ruiz, de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, al afectar el recaudo extorsivo que, según información oficial, alcanzaba aproximadamente 55 millones de pesos mensuales derivados de esta economía ilegal.El director encargado de Carabineros y Protección Ambiental, coronel Gonzalo Esteban Blanco, explicó que la inutilización de la maquinaria busca reducir la capacidad operativa de las estructuras dedicadas a la minería ilícita y limitar su influencia sobre los territorios.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: