¿Quién investigará las acusaciones contra Julio Iglesias? | Sociedad

Las acusaciones de abusos sexuales, entre otros delitos, contra Julio Iglesias han comenzado a dar sus primeros pasos en el sistema judicial español. La Fiscalía de la Audiencia Nacional recibió una denuncia el 5 de enero contra el artista, presentada por la organización internacional Women’s Link Worldwide en nombre de dos extrabajadoras del cantante, que han relatado una historia de “maltrato físico, psíquico y sexual” a elDiario.es y a Univision. “Mi propósito es que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él”, ha indicado una de ellas a través de un comunicado emitido por la ONG. Pero ahora, ¿qué recorrido les espera por delante?La iniciativa se encuentra en una fase muy incipiente. Women’s Link Worldwide ha optado por presentar esa denuncia ante la Fiscalía, en lugar de acudir a un juzgado para querellarse directamente contra Iglesias. Y la ONG se ha dirigido, en concreto, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional al entender que se tratan de delitos presuntamente cometidos por un español en el extranjero, lo que permitiría que este órgano asumiera la competencia de las pesquisas, según subrayan varias fuentes jurídicas.Este movimiento ya ha implicado que, según recalcan fuentes del ministerio público, la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya abierto unas “diligencias preprocesales”, a las que se otorgan un “carácter reservado (secreto) en aras a la protección prioritaria de las presuntas víctimas”. Esto significa que el ministerio público analizará ahora el relato de hechos que se le ha puesto sobre la mesa para valorar diferentes cuestiones: si existen indicios de delito; en su caso, cuáles serían esos delitos; y si serían competencia de la Audiencia Nacional, como así se le ha planteado. Además, estas “diligencias” de la Fiscalía son “preprocesales”: es decir, todavía no hay una causa abierta en los tribunales españoles contra Iglesias; esto es solo una primera investigación del ministerio público para determinar si hay indicios suficientes para acudir a un juzgado para actuar contra él o si, en cambio, debe archivarse el caso —un carpetazo que no impediría, por cierto, que las supuestas víctimas se querellasen en los juzgados después directamente contra el artista—. Precisamente, la Fiscalía ya dio este mismo paso, por ejemplo, en agosto de 2023 por el beso no consentido que Luis Rubiales, entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), propinó a la jugadora Jennifer Hermoso tras la final del Mundial, que se celebró en Sídney. El ministerio público abrió igualmente diligencias preprocesales y, tras analizar el caso y ofrecer a la deportista la posibilidad de denunciar, consideró que había indicios suficientes de delito y presentó una querella contra Luis Rubiales en los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.La Fiscalía, que apreció agresión sexual y coacciones contra Jennifer Hermoso, consideró que la competencia para investigar y juzgar esos delitos debía recaer en este tribunal especial. El motivo era que la parte sustancial de los hechos había sido cometida por un español en el extranjero, contra una víctima española y porque no se había abierto ningún procedimiento penal en Australia sobre el beso. En el caso de las extrabajadoras latinoamericanas de Julio Iglesias, la ONG se aferra a la nacionalidad del cantante y confía en que el ministerio público haga lo mismo ahora. Según ha explicado la organización en un comunicado, los abusos contra ellas sucedieron en 2021 en las “propiedades que el acusado tiene en República Dominicana y Bahamas” —que califica como presuntos delitos “de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, “contra la libertad y la indemnidad sexuales”, “acoso”, “lesiones y contra los derechos de los trabajadores”—.En este sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé que la Audiencia Nacional puede investigar y enjuiciar los delitos cometidos por españoles “fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles”. Entre los previstos están los de trata y los regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Eso sí, se establecen algunos requisitos adicionales: que el hecho sea punible en el país donde se perpetraron; que la víctima o la Fiscalía presenten una querella ante los tribunales españoles; y que el “delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero (o, en este último caso, no haya cumplido la condena)”.País avanzado en la legislaciónLas exempleadas de Julio Iglesias no han denunciado los hechos en República Dominica o Bahamas, según ha señalado Women’s Link Worldwide. “Pensamos que España tiene unas leyes de protección contra la trata y contra las violencias de género, a través de los tratados internacionales de los que es parte y de su desarrollo legislativo, que pueden dar acceso a la justicia a estas mujeres”, señala la abogada de la ONG en una entrevista en elDiario.es, donde se le pregunta por qué han acudido a la justicia española y no a la de los países donde sucedieron los hechos.Pero, ¿qué ocurriría si ahora las autoridades de esos Estados abrieran de oficio una causa? Fuentes del ministerio público recalcan que, si las víctimas se encuentran allí, sería más “sencillo” que la investigación se realice en esos países. Pero, en el caso de que la Fiscalía española quisiera seguir adelante con sus pesquisas, debería pedir una “cesión de jurisdicción”, apostillan estas fuentes. Así se planteó, por ejemplo, en un reciente proceso de extradición de un hombre reclamado por Ecuador por abusos sexuales a una menor, cuya defensa pedía que no se le entregara al país americano o que, en su caso, se le enjuiciara en España: “El tribunal competente para el enjuiciamiento de estos hechos sería la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al tratarse de un procedimiento penal iniciado en el extranjero que continuaría en España en virtud de una cesión de jurisdicción por parte de la República de Ecuador, en aplicación del tratado de extradición”, apuntó el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.Una vez abiertas diligencias preprocesales por parte de la Fiscalía, una de sus primeras iniciativas habituales suele ser tomar declaración a las presuntas víctimas —así se hizo con Hermoso antes de denunciar a Rubiales en los juzgados y, según Women’s Link Worldwide, así se va a hacer ahora con las extrabajadoras de Julio Iglesias tras plantear su condición de testigos protegidos—. En el caso de Rubiales, una vez que se presentó la querella contra el exmandatario en la Audiencia Nacional, el ministerio público pidió al juez instructor Francisco de Jorge, que asumió al caso, que lo imputase para interrogarle; y que se reclamase “información a las autoridades” del país donde se habían cometido los hechos ilícitos para conocer cómo estaban regulados allí los delitos que se le atribuían.