Sadid Darío Rojas Ruiz, líder del frente 36 —al que se le atribuye el asesinato de 13 policías tras el derribamiento de un helicóptero en Amalfi, Antioquia, el pasado 21 de agosto—, es uno de los jefes disidentes que el 21 de noviembre fueron reconocidos por el Gobierno como negociadores en la mesa de diálogo con las disidencias de ‘Calarcá’. Dos días antes de que estallara el escándalo por las supuestas filtraciones de ese grupo armado en el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ejército.La resolución desató polémica porque, además de Rojas Ruiz —responsable del peor atentado contra la Fuerza Pública en el gobierno de Gustavo Petro y una de las razones por las que el presidente pidió la renuncia del exdirector de la Policía, Carlos Fernando Triana—, aparece como negociador y beneficiario de las indulgencias de esta figura Danilo Alvizú, uno de los nombres que aparece en los correos del computador de ‘Calarcá’, revelados por Noticias Caracol.Los encuentros se realizaron del 17 al 20 de noviembre. Foto:Consejería Comisionada de PazEn esas comunicaciones, los disidentes le reportaban a su cabecilla supuestas alianzas criminales con funcionarios como Wilmar Mejía, director de Inteligencia del DNI, y el general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal (Coper) del Ejército. Según los mensajes, se habría pactado su colaboración para ayudar a la facción de ‘Calarcá’, hoy sentada en las mesas de diálogo de la ‘paz total’, a evadir operativos de la Fuerza Pública y blindar los desplazamientos de sus jefes, así como el tráfico de armas a través de empresas de seguridad fachada.Sadid Darío Rojas es un temido jefe guerrillero que figura en el cartel de los más buscados de la Policía Nacional, por cuya captura se ofrecen 200 millones de pesos de recompensa. Estados Unidos también le sigue la pista tras el atentado al helicóptero black hawk, aeronave norteamericana que había sido entregada en comodato a la Policía para apoyar tareas antinarcóticas.Según reportes de inteligencia tiene influencia en al menos una docena de municipios de Antioquia, incluidos Campamento, San Andrés de Cuerquia, Anorí, Amalfi, Tarazá, Valdivia, Yarumal, Angostura, Guadalupe, Toledo, Briceño y Cáceres.Actualmente, lidera los enfrentamientos con las disidencias de ‘Mordisco’, con las que ‘Calarcá’ libra una guerra a muerte tras la fractura del grupo en agosto de 2024.Por su parte, Danilo Alvizú es el líder del sanguinario frente Carolina Ramírez, al que se le atribuye propiciar la ruptura del Estado Mayor Central y el divorcio con ‘Mordisco’. También sería el responsable del asesinato de cuatro menores de edad de una comunidad indígena en Putumayo, quienes habían sido reclutados y luego desertaron del grupo, un hecho que en 2023 puso en jaque las negociaciones con el Gobierno.La polémica resolución fue expedida en el marco del séptimo ciclo de diálogos entre el Gobierno y las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), realizado entre el 17 y el 20 de noviembre en la inspección de Campo Hermoso, en el municipio de San Vicente del Caguán.’Mordisco’ y ‘Calarcá’, en un encuentro del Estado Mayor Central en abril de 2023. Foto:Archivo particularEl encuentro contó con la participación de Gloria Quiceno, coordinadora de la delegación del Gobierno; Leopoldo Durán, coordinador de la delegación del EMBF; y, según la única imagen disponible hasta el momento, también estuvo presente alias Calarcá.Los disidentes se comprometieron a desescalar el conflicto y a demostrar “hechos y gestos de paz” para mitigar los efectos de la confrontación sobre la población civil, los funcionarios gubernamentales, los firmantes de paz, los miembros de la Fuerza Pública y los propios integrantes del EMBF. Entre esos acuerdos, se incluyó una política de no incorporación de menores de 18 años a sus filas.Sobre este punto se refirió el presidente Petro en su pasada alocución del 25 de noviembre, al poner un ultimátum: si no cumplían lo pactado, se darían por terminados los acercamientos.“Las designaciones responden a la dinámica que ha tenido la mesa, en el marco de unos acuerdos muy importantes en materia humanitaria. Resalto el pacto para respetar las elecciones, que es clave porque es una respuesta a las disidencias de ‘Mordisco’, que amenazaron los comicios. Y, segundo, el acuerdo de no reclutamiento de menores de 18 años. Sin embargo, una cosa es lo que pasa en las mesas y otra lo que ocurre en terreno, donde continúan los combates”, le dijo a este diario Leonardo González, director de Indepaz.“Ahora, con las supuestas infiltraciones de las disidencias de ‘Calarcá’ en organismos del Estado, el proceso, más que perder legitimidad, deja al descubierto los graves problemas de seguridad y las fallas de inteligencia que rodean a la Fuerza Pública y que requieren toda la atención. Si se hablaba de la creación de empresas de seguridad fachada, es obligatorio un rastreo para verificar si el plan de los disidentes logró consumarse”, agregó.Por su parte, para el investigador de la Fundación Ideas para la Paz, Gerson Arias, mantener los diálogos con la facción de ‘Calarcá’ es “inoportuno porque no se considera la crisis de credibilidad que atraviesa este proceso”.Señala que “no genera confianza en la audiencia que, tras la crisis destapada por Noticias Caracol, el Gobierno no tome decisiones para evaluar la continuidad de la mesa y, sobre todo, la selección de sus representantes”.Para Arias, con la designación de jefes negociadores del talante de alias Samir se profundiza aún más esta crisis de legitimidad, que de cara al escándalo no ha llevado a adoptar medidas que apunten a una evaluación consistente del proceso.General Huertas y sus supuestos lazos con las disidencias Foto:Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia