Las autoridades colombianas han asestado un nuevo golpe a las economías ilegales que financian el conflicto y degradan la selva amazónica. En una acción coordinada en el departamento del Caquetá, tropas de la Fuerza Pública lograron desmantelar una estructura dedicada a la explotación ilícita de yacimientos mineros, una actividad que servía como fuente de recursos para las disidencias que operan en la región.El operativo tuvo lugar en la zona rural de Cartagena del Chairá, específicamente en el sector conocido como Bocana del Guayas. Hasta allí llegaron efectivos de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional, a través del Batallón de Infantería N.º 35 Héroes del Güepí, en una maniobra conjunta con el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 31 y agentes de la SIJIN de la Policía Nacional.Durante la intervención, las unidades sorprendieron en flagrancia a seis personas que se encontraban realizando labores de extracción. En el lugar fueron incautados elementos clave para esta actividad industrial ilegal, incluyendo dos embarcaciones y una draga de alto poder, maquinaria capaz de remover grandes cantidades de sedimento del lecho del río en poco tiempo.La infraestructura desmantelada. Foto:CortesíaUn desastre ambiental difícil de revertirMás allá de las capturas, la operación pone de relieve el impacto ecológico que esta práctica genera en el ecosistema amazónico. Según los informes oficiales, la minería ilegal es una de las economías criminales más agresivas para el medio ambiente, provocando daños inmediatos y visibles que pueden tardar décadas en recuperarse.El uso de maquinaria pesada como las dragas incautadas tiene efectos devastadores sobre los afluentes, que son vitales para las comunidades indígenas y campesinas de la zona. Entre las consecuencias directas de esta práctica se encuentran:La contaminación de las aguas con mercurio.La pérdida acelerada de biodiversidad acuática y terrestre.La desviación de los cauces naturales de los ríos.La sedimentación masiva de los lechos fluviales.Una sola máquina de estas características tiene la capacidad de alterar por completo la estructura del río, destruyendo el hábitat de peces y fauna local.La embarcación destruida. Foto:CortesíaOro ilegal, motor financiero de los grupos armadosLa inteligencia militar ha identificado que la extracción de oro no es un delito aislado, sino un engranaje fundamental en la logística de las organizaciones criminales. Para el Grupo Armado Organizado residual (GAO-r), esta actividad representa un flujo de caja constante y difícil de rastrear. A diferencia del narcotráfico, el oro extraído ilegalmente se integra con relativa facilidad a los mercados lícitos mediante intermediarios, borrando el rastro de su origen ilícito.Con esta operación, la Fuerza Pública no solo detuvo el daño ambiental en la Bocana del Guayas, sino que afectó las finanzas y la capacidad de maniobra del grupo armado. Las investigaciones previas permitieron identificar las rutas de transporte, los puntos de acopio y las dinámicas de abastecimiento que la estructura utilizaba para mantener su presencia en el sur del país.Desde la Décima Segunda Brigada se destacó la complejidad de enfrentar este delito, dado que convergen en él redes de lavado de activos, tráfico de insumos químicos y la explotación de mano de obra vulnerable. Las autoridades reafirmaron que continuarán ejecutando operaciones interinstitucionales para proteger los recursos naturales y cerrar el paso a las economías que intentan arraigarse en los territorios donde la presencia estatal ha sido históricamente limitada.*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.