Ayuso recurre el decreto del Gobierno que limita la creación de “universidades chiringuito” sin calidad | Educación

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la modificación del Real Decreto de creación y reconocimiento de universidades del Gobierno central, al considerar que esta normativa es “arbitraria”, ha sido elaborada “sin consenso” y vulnera las competencias autonómicas en materia educativa. El decreto se aprobó en 2021 y se ha endurecido este año. España cuenta con 50 universidades públicas y 46 privadas. Pronto habrá sorpaso.El Consejo de Gobierno madrileño tiene previsto recibir este miércoles un informe sobre las acciones legales emprendidas por la Abogacía General regional contra esta norma que, en opinión de la Comunidad de Madrid, “limita injustificadamente la libertad de empresa y de creación de centros educativos reconocida en la Constitución Española”.Para el Ejecutivo regional, el real decreto va contra la seguridad jurídica y supera el marco de legislación básica que constitucionalmente le corresponde al Estado, dejando “muy poco margen” a las comunidades para regular por su cuenta. Madrid aprobará pronto su universidad privada número 15, IE University.Madrid sostiene en su recurso que el artículo 27 de la Carta Magna reconoce a las comunidades autónomas la capacidad de desarrollar y aplicar las leyes educativas en todos sus niveles y modalidades, mientras que el Estado solo debe fijar la normativa básica.La comunidad cree que el Gobierno central impone como exigir a los nuevos centros universitarios un mínimo de 4.500 estudiantes, lo que “en ningún caso responde al pretendido interés por incrementar la calidad de las universidades españolas”. También deben de contar con tres escuelas de doctorado, invertir el 5% de su presupuesto en investigación, obtener el 2% de sus fondos en concursos competitivos o contar con una plantilla cualificada (50% de los profesores doctores en grado). Además del informe de los técnicos del ministerio para poner en marcha una universidad, se suma uno nuevo obligatorio y vinculante que va a ser elaborado por la agencia de evaluación ANECA o las agencias correspondientes en las autonomías y los promotores tendrán que demostrar su solvencia económica.El Ejecutivo autonómico precisa que el procedimiento para la constitución de nuevas universidades y centros universitarios de la Comunidad de Madrid establece “controles muy rigurosos que garantizan la excelencia de los proyectos aprobados”.Además, asegura, la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) en la que está trabajando la Consejería de Educación incorporará mejoras a estos trámites, siempre en el marco de las competencias regionales.En el anuncio del endurecimiento del decreto Pedro Sánchez el pasado marzo fue muy duro contra los negocios académicos sin calidad. Habló de “academias” que no son universidades, sino “chiringuitos” que expenden títulos auspiciados por gobiernos autonómicos que han optado por “ahogar” a las públicas.