En los próximos 15 años, España tiene que cumplir con unos compromisos de reducción de los gases de efecto invernadero dentro de la UE que se espera terminen de cambiar por completo su sistema energético e introduzcan importantes novedades para los ciudadanos. A pesar de no soplar hoy vientos muy favorables para la lucha climática, el país debe reducir un 32% las emisiones que causan el calentamiento del planeta en 2030, respecto a 1990. Y los Veintisiete han llevado a la cumbre del clima de Belém un compromiso de recorte de entre el 66,25% y el 72,5% para 2035, y han aprobado convertir en ley una reducción conjunta del 90% para 2040. Todavía hay que esperar a ver cómo se desgrana entre los países este último porcentaje, un objetivo común reconfirmado —con fuertes concesiones— por la mayoría de las fuerzas políticas europeas, a excepción de la ultraderecha y el PP español. Sin embargo, este nivel de recorte se aproxima ya mucho a la gran meta final de la neutralidad climática o cero emisiones netas (que significa recortarlas hasta un nivel mínimo que pueda ser compensado con bosques y otros sumideros) fijada para el horizonte de 2050.No es mucho tiempo, dada la enormidad del desafío y las crecientes fuerzas que trabajan en la dirección contraria en el mundo. Un avance del inventario oficial de emisiones muestra que en 2024 España generó 268 millones de toneladas de CO₂, lo que supone solo una bajada del 6,3% respecto a 1990. Aun así, la descarbonización está ya en marcha y comienza a dejar otros datos más positivos. Como explica Luis Rey, investigador del Basque Centre for Climate Change (BC3) que participa en el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA), aunque prácticamente no se ha avanzado en sectores claves como el del transporte o el residencial, sí se han conseguido progresos significativos en el eléctrico, por la gran expansión de tecnologías limpias como la fotovoltaica y la eólica, y el cierre de las centrales de carbón. Según Red Eléctrica de España (REE), en 2024 España consiguió generar ya el 56,8% de la electricidad anual con energías renovables y este 2025 está por el 56%. El objetivo marcado por el Gobierno para 2030 es alcanzar el 81% y, pese a todo el ruido contra estas tecnologías tras el histórico apagón del pasado abril, su avance parece imparable. “El sector eléctrico sin ninguna duda llegará al 81% en 2030″, se muestra seguro Ismael Morales, responsable de Políticas Climáticas de la Fundación Renovables, que incide en los cerca de 13 gigavatios —una potencia equivalente a una decena de centrales nucleares— que hay con permisos de conexión a la red eléctrica solo para instalar baterías de almacenamiento, y en tecnologías como el grid forming que van a activarse con nuevas regulaciones para que las energías limpias no gestionables ayuden a dar más seguridad al sistema eléctrico, del mismo modo que las tradicionales. De hecho, a finales de octubre REE empezó a realizar las pruebas de habilitación de las primeras renovables que soliciten contribuir al control dinámico de tensión. “Con el apagón se echó la culpa de todo a las renovables, pero no ha salido una sola evidencia de que tuvieran algo que ver”, señala Morales, que considera que estas mejoras para que las energías limpias pasen a ser estabilizadores activos del sistema y la posibilidad de que puedan almacenarse a gran escala para cuando no haya sol o viento eliminarán cualquier limitación para que estas tecnologías lleguen, si se quiere, incluso al 100%.Con las renovables, el mayor desafío en España no es tanto cómo seguir sumando megavatios, sino evitar que su producción se desperdicie en determinados momentos por falta de demanda. Como incide Morales, teóricamente, se necesita más generación por el cambio de coche de gasolina al eléctrico, sin embargo, eso no está pasando al ritmo esperado, al menos hasta ahora. “El riesgo es que para cumplir el objetivo de renovables se priorice otros usos con mucho consumo, como los centros de datos, en lugar de servir para la electrificación de la economía”, destaca.Según los últimos datos del inventario de 2024, en estos momentos el transporte es el sector que más contribuye al cambio climático en España, con un 33,3% de las emisiones del país (un 30,9% por los vehículos que circulan por las carreteras), seguido por la industria con un 18,8%, la agricultura y la ganadería con un 12,3%, la electricidad con un 9,3% y el residencial con un 8,7%. Como especifica Rey, “es llamativo que justo se están reduciendo los gases de efecto invernadero en los sectores de la industria y la electricidad, que son aquellos que forman parte del mercado de derechos de emisión (ETS), mientras que esto no ocurre en el transporte o edificios″. Precisamente, uno de los grandes cambios previstos en la UE consiste en la próxima creación de un nuevo mercado ETS2 que también pondrá un precio a la tonelada de CO₂ emitida en estos otros ámbitos y que tendrán que pagar las empresas que venden combustibles fósiles para mover los vehículos o para calentar las casas. Este nuevo mecanismo debía entrar en vigor en 2027, pero los Veintisiete acaban de retrasarlo a 2028. Sobre esto mismo, hace unos días 26 entidades de la sociedad civil (entre las que están CC OO, UGT, Greenpeace, Oxfam-Intermón o el Grupo Social ONCE) recordaron que para mitigar el previsible aumento del precio de los carburantes por el ETS2 (estimado en unos 12-14 céntimos por litro) está prevista también la constitución de un Fondo Social para el Clima con el que financiar medidas que ayuden a la población y las microempresas más vulnerables. Según recalcaron, este fondo prevé 9.000 millones de euros para España en el periodo 2026-2032 que consideran esenciales para anticiparse a futuros problemas sociales y evitar casos como los chalecos amarillos. Sin embargo, ahora mismo el Gobierno español acumula un considerable retraso en su puesto en marcha.A la espera de la llegada de un precio para el CO₂ del transporte por carretera y el sector residencial, y de un previsible aumento de las dificultades para circular con vehículos contaminantes por zonas urbanas, lo cierto es que este 2025 está dejando mejores números para el coche eléctrico. Según los últimos datos del sector, las ventas de autos electrificados (eléctricos puros o híbridos enchufables) representan ya el 19% del mercado en lo que va de año y suben ocho puntos porcentuales. Con todo, la inmensa mayoría de los vehículos que circulan por el país siguen quemando gasolina o gasóleo. Asimismo, hay otros sectores donde todavía resulta más difícil la descarbonización. ¿Hasta dónde se puede llegar en la reducción de emisiones? Como incide Pedro Linares, experto en transición energética y profesor de la Universidad Pontificia Comillas, “alcanzar la neutralidad climática técnicamente es factible, todo depende de los plazos y el sobrecoste que estemos dispuestos a asumir”. “Digamos que tiene un coste, pero no es ninguna utopía”, enfatiza. Para 2050 considera viable haber descarbonizado por completo la electricidad, el transporte y la vivienda, siendo más complicado acabar con las emisiones de algunos procesos industriales, de los residuos o la agricultura. No obstante, para entonces espera poder disponer de sistemas de captura y almacenamiento de CO₂, hoy inexistentes. “Lo que vemos en nuestros escenarios es que tecnología hay, si luego además eres capaz de cambiar comportamientos de la gente, pues mejor, porque va a salir más barato”, comenta.Aparte de los sistemas de captura, también está por concretarse cuánto carbono se puede compensar con los bosques, lo que parece más arriesgado tras lo ocurrido este verano, pues lo absorbido por los árboles puede esfumarse de golpe con los incendios forestales. Además, el último acuerdo de los Veintisiete incluye significativas concesiones, como ampliar al 5% los créditos internacionales que puedan usarse para descontar los déficits en la reducción de emisiones y la posibilidad de añadir en el futuro otro 5%. Pedro Zorrilla, responsable de cambio climático en Greenpeace, considera que lo importante es que se haya mantenido el objetivo del 90% para 2040 e incide en los grandes beneficios de las políticas que reducen emisiones: “Si se consiguen ciudades de 15 minutos, con un buen transporte público, mejorará la calidad del aire y nuestra calidad de vida”, defiende el ecologista, que destaca otros efectos positivos de mejorar el aislamiento de las casas, del aumento de las renovables, de la reducción de la contaminación o de un cambio de dieta. Aunque Linares sí incide en el coste extra de descarbonizar, al mismo tiempo recalca que “también es más caro tener seguro para tu casa y lo pagas para reducir posibles riesgos”. Aquí, si los países que más emiten no se descarbonizan, servirá de poco que España sea cero emisiones netas para reducir los peligros del cambio climático. No obstante, esto tiene otros beneficios para el país: “Para mí, la gran ventaja del cambio es no solo poder disponer de energías autóctonas, sino desengancharte de la volatilidad de los combustibles fósiles”, comenta Linares.
Cómo convertir España en un país de cero emisiones netas: “Tiene un coste, pero no es una utopía” | Clima y Medio Ambiente
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