El fantasma de un proceso judicial para que respondan penalmente, como cabezas y representantes de un ‘aparato organizado de poder’, por el holocausto del Palacio de Justicia vuelve a rondar, 40 años después de los hechos, a los cuadros de la antigua guerrilla del M-19, incluido el hoy presidente, Gustavo Petro.Al tiempo que el jefe de Estado redoblaba en la última semana sus esfuerzos vía X para tratar de relativizar el protagonismo de ese grupo subversivo en los crímenes cometidos en la toma terrorista y la retoma militar del Palacio –entre ellos el asesinato del magistrado Manuel Gaona Cruz–, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, cuestionaba públicamente el blindaje jurídico que los dos indultos de los años 90 les dieron a los jefes del M-19 frente a los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985.En la conmemoración de los 40 años de la tragedia, el presidente de la Corte Constitucional dijo que “los pactos del silencio y las leyes de amnistía han impedido conocer toda la verdad de lo ocurrido”. A renglón seguido anotó que la Corte Interamericana ha reiterado que “las leyes de amnistía o de punto final afectan el deber internacional de los Estados de investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos. La amnistía puede convertirse en amnesia en aras de una pretendida estabilidad y paz”.Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional. Foto:CortesíaLas palabras de Ibáñez coinciden con lo expresado el miércoles, en un foro de la Universidad Externado y EL TIEMPO, por el exministro de Justicia Carlos Medellín Becerra, hijo del asesinado magistrado de la Corte Suprema Carlos Medellín Forero, en el sentido de que los indultos y las amnistías que fueron producto de la negociación de paz de 1990 no pueden, bajo ningún caso, cobijar conductas de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en la toma del Palacio.El tema es espinoso porque históricamente se ha considerado que exigir que los exjefes de la guerrilla respondan penalmente –como finalmente sí ocurrió con los altos mandos militares– por los hechos de noviembre de 1985 supuestamente arriesga la legitimidad del acuerdo de paz más exitoso en la historia del país hasta el que se firmó con las Farc en el 2016, una negociación política que derivaría en la Asamblea Constituyente y la carta política de 1991.Escenas de la toma realizada por la guerrilla del M-19 al
Palacio de Justicia. Foto:Archivo. EL TIEMPO.La posición del magistrado Ibáñez, con la que coinciden Medellín y el jurista Mauricio Gaona, hijo del también asesinado magistrado Manuel Gaona Cruz, es que existe al menos la posibilidad de que las leyes de indulto de los años 90 sean demandadas ante instancias internacionales. De hecho, ya hay una primera demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entablada en 2016 por los abogados Felipe Useche y Guillermo Useche en nombre del hermano del capitán de la Policía Héctor Talero, muerto en el Palacio de Justicia. El caso, que en su momento el Estado colombiano pidió desechar, no se ha movido, pero nada implica que las cosas sigan iguales en el futuro.“La jurisprudencia de la Corte IDH ha reiterado su negativa a que los Estados adopten amnistías que fomenten la impunidad y desconozcan los derechos de las víctimas”, dijo Ibáñez. Y agregó: “Cuarenta años después, aquí estamos, pero Colombia aún es titular de una deuda de verdad que sigue torturando a las familias de los desaparecidos y sobrevivientes. Los responsables deben hablar, le deben al país, a la justicia y a las víctimas la verdad de lo ocurrido. La justicia debe prevalecer sobre el terror, provenga este de donde provenga. La justicia por encima de todo, la verdad por encima de todo, deben prevalecer”.Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes. Foto:EL TIEMPONo es la primera vez que se ventila esa posibilidad. Menos de cinco años después del holocausto del Palacio de Justicia, que dejó al menos un centenar de muertos –entre ellos once magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que estaban en la mira del capo Pablo Escobar–, el M-19 terminó firmando la paz, y su desmovilización y desarme con el gobierno del presidente Virgilio Barco.Una primera ley de indulto y amnistía, de 1990, determinó el fin de la persecución penal contra más de una veintena de dirigentes de esa guerrilla, que aunque aún hoy sostienen que no tuvieron participación directa en el plan ordenado por los asesinados Carlos Pizarro y Álvaro Fayad, fueron llamados a responder como ‘máximos responsables’.Carlos Medellín Becerra, hijo del asesinado magistrado de la Corte Suprema Carlos Medellín Forero. Foto:CortesíaEntre ellos estaban Antonio Navarro Wolff, Otty Patiño, Vera Grabe, Marcos Chalita, Rosemberg Pabón, Everth Bustamante, Manuel Casanova (exjefe de la Dirección de Inteligencia en el actual gobierno) y el exconcejal y expersonero de Zipaquirá Gustavo Petro, quien pocas semanas antes de la toma fue capturado por porte ilegal de armas.“Los comandantes, directores, orientadores, jefes y todo activista que haya ocupado una posición de mandos dentro de la organización insurgente, con capacidad de decisión o por lo menos de opinión dentro de la organización misma, participan tanto de los acuerdos ideológicos y políticos que precedan la organización, como de todas las acciones derivadas de aquellas facultades”, decía el llamado a juicio firmado en 1989 por el juez Uriel Amaya por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, secuestro, rebelión y falsedad.La firma de la paz, la decisión del M-19 de mantenerse en el proceso a pesar del asesinato de Carlos Pizarro en abril de 1990, en ese momento candidato presidencial, y el éxito del proceso constituyente terminaron dejando en un segundo plano las investigaciones penales por la toma del Palacio.Presidentes de las altas cortes durante el homenaje a los 40 años de la toma del Palacio de Justicia Foto:MILTON DÍAZTampoco avanzaron los procesos contra el gobierno del presidente Belisario Betancur ni, más allá de lo disciplinario, los de los altos mandos militares que ordenaron el cuestionado operativo militar que incluyó fuego de tanques contra el Palacio de Justicia. Pero en 1992, cuando Antonio Navarro era incluso ministro del gobierno de César Gaviria, se encendieron las primeras alarmas.La llamada ‘jueza de hierro’, Clemencia García, sacó adelante otro proceso por los hechos y ordenó la captura de Petro, Navarro Wolff, Otty Patiño, Vera Grabe y Everth Bustamante por los delitos de incendio y terrorismo. Su tesis es que se trataba de delitos que no tenían carácter político y, por lo tanto, no eran amnistiables. El terremoto político se resolvió en 1992 con un nuevo proyecto de indulto, de origen gubernamental, que tuvo como ponente al entonces senador Álvaro Uribe Vélez (del que Petro sería después némesis político), y que determinó que todos los delitos cometidos por el M-19 en el pasado, incluidos los del Palacio de Justicia, quedaban definitivamente por fuera de la órbita de la justicia. LEA TAMBIÉN “Si el primer indulto no fue definitivo, ¿por qué el segundo sí debe serlo?”, cuestiona hoy el exministro Medellín Becerra. El ex fiscal general Francisco Barbosa afirma que, en su momento, los dirigentes políticos seguramente consideraron que había que proteger el acuerdo firmado con la guerrilla, pero advierte que a la luz del derecho internacional y de sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cualquier ley que haya implicado impunidad es atacable sin importar el tiempo transcurrido.Los expertos señalan que lo que se buscaría no es necesariamente una sanción penal sino la obligación de que todos los responsables de la tragedia del 6 y 7 de noviembre de 1985 entreguen verdad completa sobre sus actuaciones y motivaciones.Toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19, el 8 de noviembre de 1985. Foto:Archivo de EL TIEMPOVerdades claves para esclarecer las preguntas que siguen vigentes en el caso a pesar de todo el tiempo transcurrido: ¿financió Pablo Escobar al M-19? ¿Por qué los mandos militares y policiales dejaron desprotegido el Palacio de Justicia a pesar de que se sabía que había un plan de asalto del M-19 y de las intensas amenazas del narcotráfico contra los magistrados? ¿Quién tuvo realmente el control sobre el operativo militar que no distinguió entre guerrilleros y rehenes y en el que se cometieron crímenes de lesa humanidad como desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones fuera de combate?Mientras al cierre de esta edición el presidente Petro no se había pronunciado sobre la posición del magistrado Ibáñez, Everth Bustamante, antiguo jefe del M-19, le dijo a EL TIEMPO que está de acuerdo con que haya nuevas investigaciones para buscar la verdad.“Es la única manera en que los colombianos podemos encontrar espacios de reconciliación. El camino es ese, no puede ser ningún otro más allá, por supuesto, de las sanciones jurídicas que se establezcan o que se deriven de la correspondiente investigación por parte de la justicia”, dijo.Al respecto, Margarita Garbiras, docente de la Universidad San Buenaventura, recordó que “la declaración del magistrado Ibáñez puede leerse como un mensaje directo al debate actual sobre los alcances de las amnistías en los procesos de paz en Colombia. Aunque no mencionó a ningún actor político, su intervención recordó un límite jurídico inamovible: la paz no puede construirse a costa de la impunidad en crímenes de lesa humanidad”.FORO U EXTERNADO Foto:FORO U EXTERNADOLos caminos jurídicosDistintos expertos le señalaron a EL TIEMPO cuáles caminos podrían darse para que sea revisado el segundo indulto, emitido en 1992 bajo el gobierno del presidente César Gaviria.Enrique Prieto-Ríos, profesor de derecho internacional en la Universidad del Rosario, señaló que es una acción que debe ser promovida por las víctimas o sus sobrevivientes. “Hay casos muy importantes de la Corte Interamericana: el de Barrios Altos y La Cantuta en Perú, y otros referentes a las dictaduras de Argentina y Chile en los que se ha determinado que los indultos son contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos porque niegan el debido proceso y a partir de eso, derechos a la verdad y a la no repetición”.En la universidad Externado se llevó a cabo el Gran Foro del Palacio de Justicia. Foto:MAURICIO MORENOEl exfiscal Francisco Barbosa recordó el caso del dictador chileno Augusto Pinochet y de su cúpula militar, que en teoría se blindó con una ley de punto final antes de abandonar el poder pero que terminaron perseguidos por la justicia. “La Corte tumbó eso, lo mismo pasó con Fujimori en Perú. En Uruguay se sometió a plebiscito la ley que permitía el indulto, y con eso y todo la Corte IDH lo tumbó”, dice.El docente Rafael Piñeros, del Externado, habló de qué tan posible sería que a nivel local se revise el indulto. A su criterio se podría hacer a través “del constituyente primario o un profundo consenso político”. Según Barbosa, una vía posible sería una demanda del segundo indulto ante la Corte Constitucional.Y mientras crecen las voces que llaman a que los jefes del antiguo M-19 que siguen vigentes en la política respondan por el Palacio de Justicia, el expresidente Álvaro Uribe promueve que a los militares condenados –los generales Jesús Armando Arias Cabrales e Iván Ramírez y el coronel Edilberto Sánchez, entre otros– se “les concedan todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria”. Esa propuesta, dicen abogados como Ramiro Bejarano y el expresidente de la Corte Suprema Aroldo Quiroz, se choca con los derechos de las víctimas si, como ha pasado en estos 40 años, la verdad total de lo que pasó en 1985 sigue sin aparecer.Sala conmemorativa “6 y 7 de noviembre de 1985” Foto:Museo de la Independencia – Casa del FloreroHomenajes y llamados al esclarecimiento de la verdad del PalacioEsta semana, en todas las sedes judiciales del país se izó la bandera colombiana a media asta para conmemorar los 40 años del holocausto. Fue una de las decenas de actos que se realizaron. La mayoría coincidió en mensajes de reflexión y llamados al esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido en 1985 tras el asalto terrorista del M-19 y la posterior retoma de la Fuerza Pública.El Poder Judicial colombiano en pleno rindió homenaje a las víctimas que dejó el holocausto –casi un centenar de muertos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema, y doce desaparecidos–. En el nuevo Palacio de Justicia, se hizo una ofrenda floral y el viernes y sábado se proyectó un video mapping sobre la fachada del edificio, frente a la plaza de Bolívar, para “reconocer el dolor, honrar a las víctimas y reafirmar que la justicia no puede ser silenciada”, anunciaron desde la Corte. LEA TAMBIÉN En palabras de Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería que fue desaparecido, han sido momentos para recordar a sus seres queridos y seguir buscando la verdad.Estos días, además, se lanzaron varios libros, como 1985: Palacio de Justicia. Las heridas abiertas del holocausto, de EL TIEMPO e Intermedio, y se desarrollaron foros y conversatorios con familiares de víctimas, investigadores, exfiscales, magistrados y analistas.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: