Desde febrero de 2025, dos meses después de la firma del contrato entre el Ministerio de Defensa y la estadounidense Vertol System Company INC para el mantenimiento de los helicópteros MI-17, la Procuraduría encendió las alarmas. El ente de control advirtió la ausencia de estudios previos, certificaciones, anexos técnicos, protocolos de evaluación y hasta del enlace de SharePoint con la información contractual.En los meses siguientes, y hasta la activación de la cláusula de incumplimiento por parte del Ministerio —debido a la incontrovertible baja ejecución, de apenas el 8 %, pese al pago de 16 millones de dólares de anticipo—, el Ministerio Público continuó requiriendo información y documentos, y advirtiendo a la entidad sobre los puntos críticos para evitar, como finalmente ocurrió, un riesgo de detrimento en un convenio de esta envergadura, que además impacta la operación del Ejército.Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO / CityNoticiasEl 9 de octubre, tras el inicio del proceso sancionatorio por incumplimiento, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública realizó una visita administrativa a las instalaciones del Ministerio de Defensa para examinar aspectos clave del proceso.Hizo varios reparos. En primer lugar, la insuficiencia de las justificaciones de fuerza mayor presentadas por el contratista. También reiteró la ausencia de soportes técnicos y financieros en el expediente único y la falta de un plan de contingencia frente al riesgo de incumplimiento.A esto se sumó la deficiencia en la supervisión contractual y el riesgo que representa para la capacidad operativa de la Fuerza Pública el bajo avance real del contrato, “que apenas llega al 8 %, frente al 50 % de los recursos que ya han sido desembolsados”.Los vacíos jurídicosEL TIEMPO conoció el documento en el que el Ministerio Público señala seis vacíos jurídicos que hoy ponen en inminente riesgo de pérdida 16 millones de dólares —la mitad del valor total del convenio—, girados mediante un otrosí anexado al contrato, debido además a irregularidades en la expedición de la póliza que debía cubrir ese monto en caso de incumplimiento del contratista.1. Pago anticipado – Plan de inversión y evidenciasAunque la entidad informó el monto, la fecha, el egreso y la cobertura del anticipo, no anexó el plan de inversión del contratista ni las evidencias de ejecución (órdenes de compra, facturas, pagos, comprobantes) exigidas en el requerimiento original. Por tanto, se solicita remitir el plan de inversión y los soportes contables y financieros completos, detallar la verificación realizada por la supervisión (in situ o documental) y las medidas correctivas adoptadas.2. Idoneidad técnica – Inventario y certificacionesNo se aportó la lista detallada de componentes o repuestos con P/N, SN, condición y certificaciones de aeronavegabilidad, ni la evidencia de compatibilidad normativa RAC/FAA/EASA y las rutas de importación. Se requiere, por tanto, el inventario técnico completo, las certificaciones, licencias, pólizas de transporte y pruebas de conformidad normativa.Flota de helicópteros MI-17. Foto:Archivo particular3. Plazos, factibilidad y contingenciasSi bien se informó que la ejecución física alcanza el 8 % y que existe un 92 % del objeto comprometido por incumplimientos, no se allegó un análisis de factibilidad para cumplir los hitos técnicos dentro del plazo ni un plan de contingencia específico. En consecuencia, se requiere la presentación de un cronograma realista (hitos y tiempos típicos o comprometidos de overhaul), la ruta crítica y las contingencias previstas.4. Garantías – Identificación de la aseguradora y soportesConsta la aprobación de la garantía (acta del 11 de marzo de 2025) y la exigencia del amparo de anticipo en los modificatorios; sin embargo, no se identifica la compañía aseguradora que expidió la póliza del pago asegurado (los documentos solo mencionan “una compañía de seguros o entidad bancaria…”).(La Procuraduría requirió, además de informar el nombre de la aseguradora, anexar certificación de vigencia expedida por la aseguradora y constancia de prima pagada e indicar si existe pronunciamiento o aceptación de cobertura frente a eventuales siniestros, dos aspectos que también han estado en tela de juicio).5. Logística internacional – LicenciasLa entidad informó la ausencia de licencias para la exportación o ingreso de aeronaves, motores y componentes, razón por la cual no se han realizado despachos al exterior. En consecuencia, se solicita el estado detallado de los trámites de licencias (autoridad, fechas, radicados, obstáculos y plan de cierre) y las alternativas adoptadas.6. Alcance sancionatorio (caducidad) – Comunicación al contratistaNo se allegó y por ende se solicita copia de la comunicación formal mediante la cual se informó al contratista el alcance de las medidas sancionatorias, incluyendo el escenario de caducidad contractual, así como las actuaciones adelantadas para garantizar el debido proceso. “Todo ello con el fin de proteger los recursos públicos y salvaguardar la seguridad de los colombianos mediante el mantenimiento de las aeronaves necesarias para garantizar la continuidad del servicio. Solo de esta manera la entidad asegura la defensa de los recursos públicos, la continuidad del servicio estratégico de mantenimiento de la flota MI-17 y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado en materia de defensa y seguridad nacional”, dice el documento. El futuro de la reforma de la salud Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia