Después de 36 años, la investigación por el magnicidio del político Luis Carlos Galán podría abrir una nueva puerta. La Procuraduría pedirá que el excapo del cartel de Medellín Fabio Ochoa sea vinculado como uno de los miembros del combo de los extraditables que habría participado en el plan criminal para segar la vida del candidato presidencial el 18 de agosto de 1989, en el parque principal de Soacha. EL TIEMPO conoció que el Ministerio Público está afinando los últimos detalles del documento con el que le solicitará en las próximas semanas a la Fiscalía que, mediante una indagatoria, llame formalmente a Ochoa para que responda en este proceso y dé su versión al respecto.Luis Carlos Galán fue asesinado en 1989 Foto:ArchivoLa participación del cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, ha estado documentada desde los inicios de la investigación. Solo que ahora la Procuraduría busca que el exnarcotraficante, que llegó hace meses de Estados Unidos después de pagar su condena, ahonde en aspectos tal vez desconocidos relacionados con los nexos de políticos y la ejecución del ataque que perpetraron los sicarios Jaime Eduardo Rueda Rocha y Henry de Jesús Pérez.Uno de los argumentos centrales de la solicitud gira en torno a que, en el contexto de quienes componían el cartel, Fabio Ochoa era pieza fundamental e incluso habría jugado un rol importante en el magnicidio de Galán, a quien Pablo Escobar ordenó matar en un ataque organizado en alianza con agentes del antiguo DAS y de la Policía.La responsabilidad de Ochoa, sin embargo, no está comprobada. La Fiscalía tendrá que evaluar si con los elementos que tiene el fiscal a cargo, hay suficientes méritos que lleven a vincular al excapo a un proceso que se lleva bajo la Ley 600.La Procuraduría hará lo suyo, soportará su solicitud con informes del DAS, de inteligencia y otras agencias que durante años han trabajado en el esclarecimiento de este asesinato en una de las épocas más violentas, en la que capos libraban una guerra a muerte entre carteles y contra la Fuerza Pública en la que políticos y otros civiles fueron víctimas.Los testimonios de sicarios y ‘exparas’ serán claves. La Procuraduría cree que las versiones que hace años entregaron Jhon Jairo Vásquez, alias Popeye, y Alonso de Jesús Baquero, alias el Negro Vladimir, complicarían la situación jurídica de Ochoa.La petición de vincular a un excapo del cartel no es nueva. Desde hace años, según fuentes, se ha pensado en hacerlo, pero los investigadores han optado por ir fase por fase: desde los autores materiales hasta los políticos y agentes estatales.Juan Manuel Galán, uno de los hijos de Luis Carlos Galán, le dijo a EL TIEMPO que le preocupa el caso de Ochoa. “El renovado enfoque sobre el cartel de Medellín podría tener una doble intención: deslegitimar los avances alcanzados en materia de verdad y justicia. Como bien sabe, este tipo de maniobras suelen ir acompañada de ataques a la credibilidad de figuras clave como alias Popeye, cuya colaboración ha sido determinante en varios procesos”, resaltó.El excapo del ‘cartel de Medellín’ Fabio Ochoa llegando a Colombia. Foto:CortesíaAsimismo, ve como poco probable que alguien como Fabio Ochoa tenga la intención de reconocer su supuesta participación de manera transparente, “a pesar de que contribuyeron por lo menos financieramente para la ejecución del crimen y eran parte integral del cartel de Medellín como empresa criminal. Esa resistencia, sumada a los intentos de desinformación, pone en riesgo la consolidación de lo que ya se ha logrado”, agregó Galán.Hasta ahora, entre los mayores condenados por el magnicidio están el exsenador Alberto Santofimio y el exdirector del DAS, el general (r) Miguel Maza Márquez. De ellos para abajo hay un buen número de salpicados que en ciertos casos aún tienen cuentas pendientes con la justicia.Por ejemplo, a mitad de este año, en un juzgado especializado arrancó el juicio contra el general (r) Óscar Peláez Car, quien era el comandante de la Dijín en 1989; el general (r) Argemiro Serna, para entonces subcomandante de la Policía de Cundinamarca, y contra el exdetective del DAS Héctor Ernesto Muñoz, conocido como la ‘Bruja’. LEA TAMBIÉN Según Juan Manuel Galán, la investigación ha tenido resultados relevantes con este tipo de condenados e indiciados, pero para él no es suficiente. “Las actuaciones del entonces director de la Policía y del comandante operativo, los generales Gómez Padilla y Octavio Vargas Silva, han sido objeto de cuestionamientos constantes. Esa línea de responsabilidad superior aún no ha sido explorada con la profundidad que exige la gravedad del caso”, comentó el líder del Nuevo Liberalismo.Entre los perfiles que se desempolvarán en los últimos días también está el de otro excapo del cartel de Medellín. La Procuraduría está estudiando si llama a Carlos Lehder a dar una entrevista, pero no en calidad de indiciado, ya que para la época del ataque en Soacha, Lehder ya había sido extraditado a Estados Unidos.Procuraduría General de la Nación. Foto:EL TIEMPOAlias 28 también podría volver a los estrados judiciales. Su nombre de pila es Juan Benito Rodríguez, sobrino del excapo Gonzalo Rodríguez Gacha y porque hace más de una década le precluyeron la investigación por el magnicidio. Ahora, el Ministerio Público solicitará a la magistratura que desarchive el proceso debido a una prueba sobreviniente, al supuestamente haber encontrado que habría sido parte activa en la logística para llevar las armas desde el norte de Bogotá a Soacha.Por último, el Ministerio Público apelará la preclusión que la Fiscalía sacó el pasado 15 de septiembre en favor de José Fernando Calvache, quien era teniente de la Policía y también habría participado en el asesinato. Calvache actualmente es fiscal de derechos humanos en Medellín.Carlos López – Redacción Justicia