La prisión de máxima seguridad de Ketziot, en el desierto del Neguev, junto a la frontera de Israel con Egipto, a unos 180 kilómetros al sur de Tel Aviv, se alza en un lugar desolado; una tierra yerma lejos de casi todo en Israel, en la que se levantan nubes de arena a cada paso. Los muros de ese penal de siniestra memoria para los palestinos esconden varios barracones, que apenas se vislumbran desde una gasolinera a algo menos de dos kilómetros. Ketziot fue el principal centro de detención de quienes fueron arrestados durante la primera Intifada, el alzamiento de los palestinos contra la ocupación israelí que comenzó en diciembre de 1987 en Gaza. En ese penal afrontan este viernes su segunda noche en prisión los activistas de la Flotilla Global Sumud, que el jueves llegaron al puerto israelí de Ashdod tras el abordaje de sus barcos en la víspera por parte de la Marina israelí. Horas después de que se confirmara que los detenidos están ya compareciendo ante un tribunal dentro de esa cárcel de máxima seguridad, el Centro de Defensa de los Derechos de la Minoría Árabe (Adalah), divulgaba un comunicado en el que denunciaba malos tratos “agresiones, amenazas y acoso”, según han descrito algunos de los participantes de la flotilla a los abogados de esta organización, que ha asumido su defensa legal.Entre los abusos que cita la ONG ―que se ha reunido con 331 miembros de la flotilla― destaca uno. En las 24 horas posteriores a su traslado al puerto israelí de Ashdod, “participantes [en la flotilla] fueron obligados a arrodillarse con las manos atadas durante al menos cinco horas, después de que algunos cantaran Palestina libre”. También se les ha negado el agua, los medicamentos o el acceso al baño, y aplicado técnicas de privación sensorial como el de “despertarlos violentamente cuando trataban de dormir”, denuncia la organización. Adalah describe un proceso que tilda de “ilegal de principio a fin”, pues los derechos de los detenidos “han sido violados sistemáticamente”. Primero por el “secuestro en aguas internacionales” de los barcos, cuyos ocupantes pretendían entregar ayuda humanitaria en Gaza, y su posterior “remolque forzoso” al puerto israelí. Después, porque algunos de los detenidos han comparecido ante un tribunal de emigración, dentro de la prisión de máxima seguridad donde están recluidos, sin la asistencia legal de un abogado, algo que viola la propia legislación israelí. Este viernes por la mañana, y mientras se dirigía a la cárcel de Ketziot, Suhad Bishara, la directora de Adalah, explicaba por teléfono a este diario que 470 activistas de la Flotilla estaban ya encarcelados allí, incluidos unos 50 españoles, según el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Solo seis activistas seguían entonces en el puerto de Ashdod. Son quienes viajaban en el Marinette, el último barco de la flotilla en ser asaltado por militares israelíes, este viernes. Los detenidos de la flotilla, cuyo arresto ha provocado protestas en muchos países, están compareciendo ante un tribunal migratorio creado especialmente para ellos, confirmaba luego la directora de Adalah, una información avanzada hace días por el Canal 12 de la televisión israelí. Ese proceder —presentar a personas detenidas ante un tribunal creado ad hoc y situado en el interior de una cárcel—, recalcaba Bishara, es también “anómalo”. Si se sigue el procedimiento habitual, tras comparecer ante el juez, a los activistas se les ofrecerá firmar una orden de deportación inmediata. Ese documento les permite eludir el juicio, pero implica aceptar que han intentado entrar ilegalmente en Israel —los barcos trataban de llegar a las aguas de Gaza, un territorio palestino ocupado, y no de Israel— y aceptar la prohibición de entrar en el país, habitualmente durante 10 años. Es lo que eligieron cuatro de los 12 activistas del Madleen, la anterior flotilla solidaria a Gaza, interceptada por Israel en junio. Quienes lo rechacen continuarán en prisión y serán posteriormente juzgados. Los participantes en anteriores flotillas y, por tanto, con la entrada ya vetada a Israel ―como la eurodiputada francesa Rima Hassan o la activista sueca Greta Thunberg― no tendrán la opción de firmar la deportación inmediata y, por esa razón, su arresto podría alargarse más días.Mientras los activistas empiezan a desfilar ante el tribunal, otro grupo de nueve barcos, bautizado como Thousand Madleens to Gaza (Mil Madleens hacia Gaza) avanza hacia las aguas de la Franja palestina. Este viernes por la mañana, navegaban a la altura de Creta, tras haber partido de las ciudades italianas de Catania y Otranto. La organización de la Flotilla Global Sumud ha anunciado a su vez que ya está preparando una nueva expedición hacia el enclave palestino que podría zarpar en noviembre.Asistencia consularUna larga fila de coches con matrícula diplomática aparecía este viernes aparcados en los márgenes de la carretera polvorienta que lleva a la cárcel de Ketziot. En el control de acceso, hombres con camisas blancas de manga larga esperaban para entrar, alguno tras salir de uno de esos coches poniéndose a toda prisa la corbata. Desde primera hora de la mañana, numerosos cónsules de países con ciudadanos en la flotilla se encontraban en ese penal que también ha servido de centro de detención de inmigrantes irregulares. Entre ellos, el cónsul español en Tel Aviv. Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, este diplomático “ha tenido acceso al centro donde se encuentran los integrantes de la flotilla y ha podido estar en contacto” con los detenidos españoles, informa Miguel González. El cónsul, prosiguen las fuentes, “seguirá acudiendo hasta que haya podido visitar a todos los españoles y españolas y estén todos y todas libres y de regreso a España”. La misión consular española ha informado de que los españoles a los que han podido atender a lo largo del día “se encuentran bien”, y las autoridades israelíes les han asegurado que el resto también.La cárcel donde hasta entonces permanecerán recluidos, Ketziot, ha recobrado protagonismo en los informes de organizaciones internacionales sobre abusos a detenidos desde el 7 de octubre de 2023, el día de los ataques de Hamás en los que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron secuestradas. Israel respondió desatando una invasión ―un “genocidio”, según una comisión de la ONU― que ya cuenta más de 66.000 muertos. Por ejemplo, el informe titulado Bienvenidos al Infierno, de la ONG israelí B’Tselem, donde se describen graves violaciones de derechos humanos, el hacinamiento y la privación material de los acusados de pertenecer a Hamás en Ketziot. En el comunicado de Adalah de este viernes se asegura que la situación de los activistas ―y de otros pasajeros de la flotilla, entre ellos varios periodistas, uno de ellos de este diario― en esa prisión es, a pesar de todo, “relativamente estable”. Esta organización se ha comprometido en su texto a vigilar su evolución desde “muy cerca”. De momento, los únicos integrantes de la flotilla que han recuperado la libertad son los cuatro parlamentarios italianos que viajaban en ella, ha informado el Ministerio de Exteriores de Italia, un país que sigue siendo uno de los adalides de Israel en la Unión Europea. Estos liberados han regresado este viernes a Roma. El resto de arrestados —incluidos otros italianos— siguen en la cárcel. Los activistas, otros cargos políticos, o periodistas serán “tratados por igual”, confirmaba este viernes la directora de Adalah. El jueves, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, explicó que Israel quiere deportarlos a todos en sendos vuelos chárter a Madrid y Londres el lunes o el martes.

Los abogados de los activistas de la flotilla encarcelados en Israel denuncian malos tratos | Internacional
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